La Justicia argentina mantiene embargados los bienes de Cristina Fernández de Kirchner mientras avanza el proceso de decomiso por la causa Vialidad, en la que la ex presidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. El monto a recuperar, según la sentencia, asciende a $84.835 millones, equivalentes a unos 550 millones de dólares, aunque la cifra final será determinada por el Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema.

El Tribunal Oral Federal 2, que dictó la condena, dispuso que los acusados, entre ellos Cristina Kirchner y Lázaro Báez, tienen diez días hábiles para depositar el dinero correspondiente. En caso de incumplimiento, la Justicia procederá a identificar y rematar los bienes embargados para cubrir la suma fijada. Entre los activos afectados se encuentran propiedades en la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz, cuentas bancarias, acciones en empresas internacionales y vehículos, muchos de los cuales fueron transferidos a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner en 2016, poco después de los primeros procesamientos judiciales.

La defensa de la ex mandataria solicitó el levantamiento de los embargos, argumentando la desproporción entre los bienes afectados y las sumas reclamadas, así como el sobreseimiento de Florencia Kirchner en algunas causas. Sin embargo, tanto el tribunal como la Corte Suprema rechazaron estos pedidos, señalando la necesidad de asegurar el recupero de activos y el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de lucha contra la corrupción.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, impulsores de la causa, han solicitado que los fondos recuperados sean destinados a fines sociales, como la construcción de escuelas y hospitales, en compensación por el daño ocasionado al Estado. El caso también involucra otros expedientes, como Hotesur-Los Sauces, donde se investigan maniobras de lavado de dinero a través de sociedades y hoteles familiares.

El proceso de decomiso y remate de bienes se da en un contexto de fuerte debate político y social, con posturas encontradas sobre la magnitud del daño al Estado y el destino de los fondos recuperados. La situación patrimonial de Cristina Kirchner y su familia sigue bajo la lupa judicial, mientras se espera la actualización final de los montos a decomisar y la eventual ejecución de las sentencias.