El Gobierno nacional oficializó la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, en el marco de un proceso de reorganización del Estado orientado a reducir el gasto público y optimizar la gestión administrativa. La medida, publicada el 8 de julio de 2025 en el Boletín Oficial, responde a las facultades delegadas por la Ley 27.742, que declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética.

Según el decreto, las funciones esenciales de los organismos disueltos serán reasignadas a nuevas dependencias dentro del Ministerio de Economía y a la Gendarmería Nacional, que asumirá el control del tránsito en rutas nacionales. "La disolución de estos organismos responde a criterios de eficiencia administrativa y racionalización del gasto público", señala el texto oficial. Además, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será reorganizada y pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, con competencias ampliadas en fiscalización y control de concesiones viales y ferroviarias.

El decreto también establece la reorganización de la Junta de Seguridad en el Transporte, que se transformará en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, circunscribiendo sus funciones a la investigación de sucesos aeronáuticos. El personal y los recursos de los organismos afectados serán transferidos temporalmente hasta que se definan las nuevas estructuras organizativas.

El Gobierno sostiene que la medida permitirá una gestión más ágil y transparente, así como un ahorro significativo en el gasto estatal. Sin embargo, se prevé que la decisión genere debate en el Congreso y entre los sectores vinculados al transporte y la seguridad vial. Durante la transición, el decreto garantiza la continuidad de los servicios y la operatividad de las funciones esenciales, mientras se implementan los cambios estructurales previstos.