El Gobierno argentino avanzó en la privatización de la Hidrovía Paraná al preadjudicar la concesión al consorcio integrado por la belga Jan de Nul y la argentina Servimagnus, quienes se encargarán del dragado, mantenimiento y señalización de la vía durante los próximos 25 años. Esta decisión, anunciada por el Ministerio de Economía, representa un paso clave para la modernización de la principal arteria logística del país, por donde circula el 80% del comercio exterior argentino.

La licitación, que enfrentó a dos empresas belgas de renombre internacional, se definió por la superioridad técnica de la propuesta de Jan de Nul, ya que ambas presentaron ofertas económicas idénticas, ajustadas al mínimo permitido por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. El contrato prevé una reducción del 13,5% en los costos logísticos, lo que podría traducirse en un ahorro anual de hasta 40 millones de dólares para el sector productivo. Además, se proyecta una inversión total de 10.000 millones de dólares y una facturación estimada en 15.000 millones a lo largo de la concesión.

El proceso licitatorio fue auditado y contó con la participación de organismos internacionales como la Unctad (ONU), así como instancias de consulta ciudadana y reuniones técnicas en provincias clave. No se registraron impugnaciones formales y la Justicia rechazó las denuncias presentadas. Sin embargo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) emitió dictámenes señalando posibles irregularidades, aunque estos no detuvieron el avance del proceso.

El sector agroexportador y portuario manifestó un respaldo unánime a la medida, subrayando la importancia de la modernización de la Hidrovía para la competitividad argentina en los mercados internacionales. Las entidades empresarias destacaron que, tras 31 años sin una licitación estructural, la nueva concesión permitirá optimizar costos y mejorar la eficiencia logística.

A pesar de que el flujo de caja será negativo durante los primeros seis años debido a la magnitud de las inversiones, se espera que la Hidrovía comience a generar ganancias sostenidas a partir de 2032. El contrato establece un monitoreo permanente de las inversiones y servicios, sin respaldo estatal para los riesgos comerciales.

La adjudicación definitiva está pendiente de una última instancia de impugnaciones, tras la cual se dará inicio a las obras proyectadas. El proceso es considerado por el Gobierno como una de las privatizaciones más relevantes de la historia reciente, con el potencial de transformar la infraestructura logística y exportadora del país.