La Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra en la etapa final de deliberación sobre la extradición de Federico "Fred" Machado, empresario argentino acusado por la justicia de Estados Unidos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude por una suma que supera los 350 millones de dólares. Machado, detenido desde 2021 y actualmente bajo prisión domiciliaria en Viedma, enfrenta cargos que incluyen la venta fraudulenta de aeronaves y la presunta participación en una red internacional de tráfico de drogas.

El proceso de extradición, iniciado a pedido de la justicia estadounidense, fue avalado por el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, y por el procurador general Eduardo Casal. Tras diversas apelaciones y planteos de la defensa, la Corte Suprema solicitó a las autoridades de Texas confirmar la vigencia de las acusaciones, lo que fue ratificado recientemente. De aprobarse la extradición, la decisión final recaerá en el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Javier Milei, quien podría verse obligado a abstenerse por compartir abogado con el acusado.

El caso ha generado un fuerte impacto político, especialmente por los vínculos de Machado con José Luis Espert, ex candidato presidencial y diputado nacional. Documentos judiciales y testimonios confirman que Machado proveyó aviones y dinero para la campaña de Espert en 2019, incluyendo una transferencia de USD 200.000 desde una empresa minera guatemalteca asociada al empresario. La revelación de estos hechos precipitó la renuncia de Espert a su candidatura y a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados.

La defensa de Machado, encabezada por Francisco Oneto, sostiene que el empresario es víctima de una persecución política y judicial, y que no existen pruebas directas que lo vinculen con el narcotráfico. Machado intentó obtener el estatus de refugiado en Argentina, alegando violaciones a los derechos humanos en Estados Unidos, pero su pedido fue rechazado por la Comisión Nacional para los Refugiados.

El caso expone una compleja red de relaciones entre el poder político, la justicia y los negocios internacionales, generando incomodidad en el oficialismo libertario y poniendo a prueba la transparencia institucional. La decisión de la Corte Suprema y, eventualmente, del Poder Ejecutivo, será clave para definir el futuro de Machado y el alcance de las investigaciones sobre lavado de dinero y financiamiento político en Argentina.