La entrega de un teléfono celular nuevo a Marcelo Alejandro Torrico, condenado por el asesinato de los hermanos Leguina, ha generado una fuerte polémica en Salta y puesto nuevamente bajo escrutinio la situación carcelaria en el penal de Villa Las Rosas. El beneficio fue autorizado por la jueza de Garantías Ada Zunino, quien respondió a denuncias y reclamos presentados por el propio interno. El dispositivo, un Motorola E7, fue entregado por la pareja de Torrico y permite acceso a redes sociales y aplicaciones, ampliando significativamente las posibilidades de comunicación del recluso.

Torrico ya contaba con un celular desde la pandemia, cuando una medida judicial permitió el uso de estos aparatos para garantizar la comunicación con familiares durante el aislamiento obligatorio. Sin embargo, el dispositivo anterior solo permitía llamadas. Ahora, con el nuevo teléfono, Torrico puede acceder a funciones que van más allá de la comunicación básica, lo que ha generado preocupación entre las autoridades penitenciarias. "No sería aconsejable que un interno de su peligrosidad disponga de este tipo de aparato", advirtieron desde el penal, elevando un informe para solicitar la revocación del beneficio.

El interno utiliza el celular una hora por la mañana y otra por la tarde, aunque insiste en quedarse con él todo el día. Además, Torrico se ha quejado por las demoras en las visitas, las requisas que considera "excesivas" y los controles permanentes en su celda. Su régimen de visitas es diferenciado debido a la gravedad de su prontuario.

Este episodio ocurre en un contexto delicado, ya que actualmente se lleva adelante un juicio contra 20 personas, incluidos funcionarios penitenciarios de Villa Las Rosas, acusados de corrupción y de otorgar beneficios a cambio de coimas a internos del penal. La entrega de un celular nuevo a Torrico refuerza las sospechas y la indignación social respecto del manejo dentro de los penales salteños, donde la permeabilidad de las normas parece favorecer a los reos más peligrosos.

Marcelo Torrico fue condenado junto a Esteban Brandán por el brutal asesinato de Octavio y Melanie Leguina en 1998, un hecho que marcó para siempre la historia policial de Salta. El caso, motivado por una venganza personal, es considerado uno de los más espeluznantes de la provincia. La sociedad salteña sigue demandando mayor transparencia y control en el sistema penitenciario, especialmente ante episodios que ponen en duda la equidad y el cumplimiento de las normas.