Una organización criminal dedicada a la usurpación de identidades y fraudes con tarjetas de crédito fue desbaratada tras una investigación de más de un año llevada adelante por la Policía Federal Argentina (PFA) y la Justicia Federal. El operativo, que incluyó 13 allanamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en la provincia de Santiago del Estero, permitió la detención de 14 personas y el secuestro de una importante cantidad de bienes y equipos utilizados para la falsificación de documentos.

Según informaron fuentes policiales y judiciales, la banda operaba desde un taller oculto en Caseros, donde fabricaban documentos nacionales de identidad, licencias de conducir y tarjetas de crédito apócrifas. El grupo contaba con la colaboración de un empleado de correo privado, quien facilitaba datos sensibles sobre los envíos de tarjetas, permitiendo que los delincuentes interceptaran los plásticos antes de que llegaran a sus verdaderos titulares. Para concretar las maniobras, utilizaban "prestacaras", personas que presentaban documentación falsa con sus propios rostros para retirar tarjetas y realizar compras de alto valor económico, principalmente electrodomésticos y tecnología, que luego eran revendidos.

Durante los procedimientos, la PFA incautó 172 licencias de conducir en blanco, impresoras, plastificadoras, posnets portátiles, armas de fuego, municiones, cuatro vehículos, 25 teléfonos celulares, $11.421.300, USD 3.600 y otros elementos vinculados a la falsificación y el fraude. La investigación, dirigida por la jueza federal Alicia Vence y la División Antifraude de la PFA, permitió reconstruir la estructura interna de la organización y el rol de cada uno de sus miembros.

El caso pone en evidencia el crecimiento de los delitos vinculados al robo de identidad y el uso ilegal de datos personales en el país, fenómeno que especialistas en ciberseguridad consideran en aumento debido a la digitalización de operaciones bancarias y financieras. Las autoridades destacaron la importancia de la cooperación entre fuerzas policiales y el Poder Judicial para combatir este tipo de delitos complejos. La causa sigue abierta y no se descartan nuevas víctimas ni futuras imputaciones, mientras se profundiza la investigación sobre posibles ramificaciones de la banda.