Argentina y Estados Unidos avanzan en la concreción de un acuerdo comercial bilateral que promete modificar el escenario económico y regulatorio entre ambos países. El anuncio, realizado en noviembre de 2025, abarca la transferencia transfronteriza de datos personales, la revisión de subsidios a empresas argentinas y la apertura de mercados para productos clave como carne, acero, aluminio y vehículos.

Uno de los puntos más sensibles del acuerdo es la facilitación del flujo de datos personales entre Argentina y Estados Unidos. Actualmente, la ley argentina exige garantías adicionales para transferencias a países que no ofrecen protección adecuada, como EE.UU., que carece de una ley federal de protección de datos. "El acuerdo puede ser muy positivo para el país y su economía, pero habrá que ver la letra chica una vez que se implemente", advirtió Pablo Palazzi, especialista en derecho digital. Otros expertos, como Beatriz Busaniche y Tomás Pomar, alertan sobre la asimetría regulatoria y el riesgo de desprotección de los ciudadanos argentinos.

En el plano comercial, el acuerdo prevé la ampliación de la cuota de carne bovina argentina en el mercado estadounidense, pasando de 20.000 a 80.000 toneladas, lo que representa un ingreso adicional de USD 600 millones anuales. El embajador argentino en EE.UU., Alec Oxenford, destacó que "la provincia de Buenos Aires será una de las mayores beneficiadas" y defendió la apertura de mercados como una señal de confianza y estabilidad para inversores internacionales.

El sector automotor también se verá impactado, ya que Argentina aceptará vehículos fabricados en EE.UU. sin exigir homologación local, siempre que cumplan con los estándares federales estadounidenses. Esto facilitará la llegada de modelos de Ford, Jeep, BMW, Mercedes-Benz y otros, ampliando la oferta y competencia en el mercado local.

Sin embargo, la revisión de subsidios a empresas argentinas, especialmente en la economía del conocimiento, genera inquietud. El régimen de promoción fiscal, que beneficia a firmas como Mercado Libre, podría ser modificado, afectando a grandes empresas y pymes del sector. "Hay que revisar los regímenes promocionales porque cada gasto tributario debe responder a una política pública definida", señaló Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos.

El acuerdo, aún pendiente de firma y sujeto a la aprobación del Congreso, es visto por el gobierno nacional como una oportunidad histórica para integrar a Argentina en los movimientos geopolíticos globales. No obstante, persisten dudas sobre el impacto en la protección de datos, la soberanía tecnológica y la competitividad industrial. El sector automotor y los gremios prefieren esperar la publicación de los detalles finales antes de emitir una opinión definitiva. En este contexto, el acuerdo representa tanto una ventana de oportunidad como un desafío regulatorio y político para el país.