Una empleada del Banco Nación en la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, fue procesada por la Justicia Federal tras comprobarse que desvió casi un millón de pesos de cuentas de clientes. Según la investigación, entre diciembre de 2021 y mayo de 2022, la trabajadora realizó extracciones no autorizadas por un total de $948.600, utilizando su acceso interno y credenciales para operar sobre las cajas de ahorro de al menos siete clientes.

El accionar ilícito fue detectado por la propia entidad bancaria, que reportó movimientos sospechosos y alertó a las autoridades. Las maniobras quedaron registradas en cámaras de seguridad y sistemas internos, lo que permitió a la fiscalía y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) reunir pruebas contundentes. El fiscal federal Lucas Colla solicitó la indagatoria de la empleada, y el juez federal Claudio Vázquez dictó su procesamiento por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionaria pública. Además, se le impuso un embargo de cinco millones de pesos sobre sus bienes.

En un intento de evitar el avance de la causa penal, la defensa de la imputada ofreció al banco una reparación civil de tres millones de pesos, cifra superior al monto sustraído. Aunque el acuerdo fue homologado en primera instancia, el Ministerio Público Fiscal y la PIA se opusieron, argumentando que los hechos revestían gravedad institucional y requerían una respuesta penal. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó la homologación del acuerdo y confirmó el procesamiento, habilitando la continuidad de la causa por la vía penal.

El caso pone de relieve la vulnerabilidad de los clientes frente a fraudes internos en organismos estatales y la importancia de los controles internos. El Banco Nación, aunque no emitió un comunicado oficial, inició un sumario interno y reforzó los mecanismos de control en la sucursal de Caleta Olivia. La justicia subrayó que las maniobras reprochadas tuvieron como objetivo un beneficio económico personal y se realizaron en perjuicio tanto de los clientes como de la institución bancaria. El proceso judicial continúa bajo la órbita del juzgado federal de Caleta Olivia y la fiscalía, en el marco de una política criminal estricta contra la corrupción estatal.