Un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) reveló que, pese a la baja en la pobreza por ingresos, la pobreza extrema y las carencias estructurales persisten en varias provincias del norte argentino. El estudio, que combina datos del Censo 2022 y la Encuesta de la Deuda Social 2023, muestra que Santiago del Estero, Formosa, Salta y Jujuy encabezan el ranking de vulnerabilidad social, con índices superiores al 40%.

En Santiago del Estero, el 62% de los hogares tiene jefes con secundario incompleto y más de la mitad carece de acceso a internet. La falta de agua potable, viviendas precarias y servicios básicos son problemas recurrentes. "Lo que vemos en África, también pasa en Santiago del Estero. La gente sigue sacando el agua con la carreta, yendo en bicicleta con bidones a surgentes, en lugares con barro. Y es agua que tiene niveles de arsénico y flúor elevadísimos, que no están siendo medidos por el Estado", señaló Santiago García Pintos, de la ONG Cynnal.

En Formosa, el departamento Ramón Lista presenta un 81% de hogares sin agua potable y un 71% con viviendas de calidad insuficiente. El informe subraya que la pobreza no se explica solo por ingresos, sino por múltiples privaciones: acceso a servicios, educación, empleo y condiciones de la infancia. "La pobreza extrema es cuando el sistema no registra que existís", afirmó Jerónimo Chemes, de La Chata Solidaria.

A nivel nacional, el INDEC reportó una baja de la pobreza monetaria al 28,2% en 2025, atribuida a la estabilización macroeconómica. Sin embargo, la UCA advierte que la mejora en los ingresos no se traduce en bienestar real, ya que crecen los hogares con privaciones sociales. "La pobreza monetaria puede bajar mucho más rápido que la pobreza estructural. Y son dos cosas muy distintas", explicó Ianina Tuñón, del Barómetro de la Deuda Social.

El informe concluye que, sin políticas públicas integrales y sostenidas, la exclusión estructural persistirá, especialmente en las regiones más postergadas. ONGs y especialistas coinciden en que la baja de la pobreza por ingresos no implica una mejora en la calidad de vida ni en las expectativas de progreso de la población.