El diputado nacional y candidato José Luis Espert se encuentra en el centro de la polémica tras la difusión de acusaciones que lo vinculan con Federico “Fred” Machado, un empresario argentino detenido en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Según registros contables presentados por fiscales del estado de Texas, Espert habría recibido al menos 200 mil dólares de Machado, quien fue el principal aportante a su campaña presidencial en 2019.

El caso cobró notoriedad luego de que medios nacionales y estadounidenses publicaran detalles sobre la relación entre Espert y Machado, incluyendo viajes en avión privado y el uso de vehículos del empresario durante la campaña. Machado, criado en Trelew y con negocios en Estados Unidos y Guatemala, fue detenido en 2021 en el aeropuerto de Neuquén por pedido de la justicia norteamericana y actualmente espera su extradición.

Ante las acusaciones, el presidente Javier Milei defendió públicamente a Espert, calificando la situación como “chimentos de peluquería” y atribuyéndola a una “operación política” en el contexto electoral. “Esto es otra operación más, es la misma operación que le habían hecho en 2019. Pasaron 6 años, se lo ensució en 2019, se lo ensució en 2021; es recurrente”, afirmó Milei en una entrevista televisiva.

Por su parte, Espert reconoció haber conocido a Machado y haber utilizado sus servicios, pero negó cualquier conocimiento sobre sus actividades ilícitas. “Si hubiera sabido que esta persona era esto, no le hubiera agradecido a los cuatro vientos”, declaró el diputado.

Excolaboradores de Espert, como José Bonacci, señalaron desprolijidades en la declaración de aportes privados y una marcada urgencia por conseguir fondos para la campaña. Bonacci afirmó que los recursos estatales fueron utilizados correctamente, pero que los aportes privados no fueron declarados y estuvieron a cargo de otros miembros del equipo.

La oposición, encabezada por Unión por la Patria, solicitó la remoción de Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto en el Congreso y exigió mayor transparencia en el financiamiento de campañas políticas. El caso se suma a otras controversias que afectan al oficialismo, como las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

A medida que avanza la campaña electoral, el caso Espert-Machado continúa generando debate sobre la transparencia y el control de los fondos en la política argentina, en un contexto de alta polarización y desconfianza pública.