La negociación paritaria entre el Gobierno de Entre Ríos y los gremios estatales volvió a cerrarse sin acuerdo, tras el rechazo de la oferta salarial oficial por parte de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER). El Ejecutivo provincial propuso un incremento del 7% en dos tramos, con un 3% para los haberes de julio y un 4% para septiembre, pero la propuesta fue considerada insuficiente por los sindicatos.

Oscar Muntes, secretario general de ATE, calificó la negociación como "muy tensa" y aseguró que el ofrecimiento del Gobierno estuvo "muy lejos de la realidad" de los empleados públicos frente a la inflación. "La propuesta es realmente muy corta y es imposible aceptar cualquier acuerdo en estas condiciones", afirmó. Muntes remarcó que la pérdida del poder adquisitivo supera el 41% desde diciembre de 2023 y denunció que muchos trabajadores deben recurrir a créditos para afrontar gastos básicos.

Por su parte, Carina Domínguez, secretaria adjunta de UPCN, también rechazó la propuesta y lamentó la falta de respuestas a otros reclamos, como asignaciones familiares y sectores críticos. Domínguez denunció errores en la liquidación del aguinaldo y anticipó que el sindicato definirá la fecha de un paro activo si no hay avances en la negociación.

AGMER, el principal sindicato docente, advirtió que peligra el reinicio de clases tras el receso invernal y responsabilizó al Gobierno provincial por el fracaso de la negociación salarial. El gremio también rechazó el proyecto de reforma previsional impulsado por la gestión de Rogelio Frigerio, al considerar que implica un ajuste sobre trabajadores activos y jubilados.

El Gobierno provincial confirmó que liquidará el aumento correspondiente a julio por decreto y prevé retomar las negociaciones en agosto. Mientras tanto, los gremios ratificaron medidas de fuerza y movilizaciones, exigiendo un plan de recuperación salarial y el rechazo a la reforma previsional. El conflicto se desarrolla en un contexto de ajuste nacional y provincial, con alta inflación y pérdida de empleos, lo que profundiza el malestar entre los trabajadores estatales y docentes de Entre Ríos.