El juicio abreviado contra un joven acusado de abuso sexual agravado por el vínculo fue suspendido este miércoles en Río Gallegos, Santa Cruz, tras un dramático intento de suicidio del imputado minutos antes de iniciar el proceso. El acusado, identificado como C.F., de 23 años, ingirió una gran cantidad de pastillas en las instalaciones de la Cámara Oral, lo que obligó a su urgente traslado al Hospital Regional, donde permanece internado bajo custodia policial.

El caso, que conmueve a la comunidad local, involucra el abuso sexual con acceso carnal de una niña de tres años, hermana del acusado, ocurrido en 2020. Las pericias médicas y la declaración de la víctima en cámara Gesell confirmaron los hechos, pero la familia denuncia que, pese a la gravedad, el proceso judicial avanzó con demoras y falta de seguimiento efectivo. "Hace cinco años que peleo sola, sin abogado, sin contención, sin nadie que me escuche", relató la madre de la víctima y del imputado en una entrevista con Radio LU12 AM680.

La mujer también denunció que la atención psicológica brindada a su hija fue insuficiente y que nunca recibió el acompañamiento institucional prometido. "A mi hija la atendieron apenas veinte días. Nos dijeron que íbamos a tener asistencia psicológica, pero nunca más nos llamaron", lamentó. Además, señaló que el acusado permaneció en libertad durante años y que la causa se manejó "a puertas cerradas", sin permitirle participar como querellante por falta de información y asesoramiento.

El intento de suicidio fue anticipado por el propio acusado a través de un mensaje enviado a su madre, que ella encontró horas después en la bandeja de spam. "Me enteré por un mensaje que me mandó él, veinte minutos antes de que empezara el juicio. Nadie me avisó nada", expresó con indignación.

Actualmente, el proceso judicial está suspendido y la familia sigue reclamando justicia y contención. La madre concluyó: "Yo no quiero venganza, quiero justicia. Que la Justicia deje de mirar para otro lado cuando las víctimas son los chicos. Porque el silencio también lastima". El caso pone en evidencia las deficiencias del sistema judicial y de protección a las víctimas de abuso infantil en la provincia de Santa Cruz, y deja abierta la pregunta sobre el futuro de la causa y el acompañamiento a la familia afectada.