La Superintendencia de Servicios de Salud de Argentina resolvió dar de baja a diez empresas de medicina prepaga, en el marco de un proceso de depuración y control del sector impulsado por el Gobierno nacional. La medida, publicada en el Boletín Oficial bajo la Resolución 446/2026 y firmada por la secretaria general Silvia Noemí Viazzi, busca garantizar que solo operen en el mercado aquellas entidades que acrediten actividad efectiva y cumplan con los requisitos legales vigentes.

Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, más de 162 entidades han sido excluidas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP). Según fuentes oficiales, las auditorías realizadas detectaron la existencia de "agentes fantasma", es decir, empresas inscriptas formalmente pero sin actividad, sin afiliados y sin la documentación respaldatoria exigida por la normativa. "El objetivo es contar con un registro transparente, integrado únicamente por agentes que compitan libremente y brinden prestaciones de calidad a sus afiliados", señalaron desde el Gobierno.

La decisión también incluyó la inscripción de la Obra Social de Comisarios Navales en el registro oficial, reactivando así el proceso de altas que había estado suspendido desde 2020 debido a la emergencia sanitaria. A partir de ahora, las nuevas entidades que deseen operar deberán presentar documentación completa y cumplir con un proceso de validación más estricto.

Entre las empresas excluidas en esta oportunidad se encuentran Círculo Médico de San Luis, Círculo Médico de Bragado, Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A., Protección Médica SRL, ECSA Salud, Obra Social de la Federación de Cámaras y Centros Comerciales Zonales de la República Argentina, And the Yellow Too S.A., Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario, Asociación Española de Socorros Mutuos de Villa Constitución y Mutual Odontológica Argentina.

El proceso de depuración del registro de prepagas se enmarca en la Ley N°26.682, que exige la presentación de balances, declaraciones juradas y planes de cobertura. La política oficial apunta a fortalecer la transparencia y la competencia en el sector, asegurando que los usuarios cuenten con prestadores confiables y servicios de calidad. Se espera que la medida tenga impacto en la consolidación del sistema de salud privado argentino y en la confianza de los afiliados.