Legisladores y senadores de Unión por la Patria presentaron denuncias penales contra varios influencers libertarios por publicaciones en redes sociales que incitaban a la violencia contra el Congreso Nacional. Los hechos ocurrieron el 10 de julio, mientras el Senado debatía proyectos de ley sobre jubilaciones y discapacidad, en una sesión que resultó en la aprobación de iniciativas resistidas por el Gobierno.

Las denuncias, radicadas en los tribunales federales de Morón y en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9, apuntan a mensajes publicados en la red social X, donde se proponía "dinamitar" el Congreso, intervenirlo con Fuerzas Armadas y organizar milicias populares. Los legisladores denunciantes argumentaron que estas expresiones constituyen amenazas directas y actos de intimidación pública, en violación de varios artículos del Código Penal y de la Constitución Nacional.

Entre los denunciados figuran Daniel Parisini, Franco Antunes, Luciano Cabrera y Pedro María Lantarón, presuntos administradores de las cuentas @Gordodan_, @ElTrumpista, @FranFijap y @elpittttt. Los mensajes, difundidos en simultáneo al debate parlamentario, fueron considerados por los denunciantes como intentos de condicionar la votación y de atentar contra el orden democrático.

La senadora Juliana Di Tullio, una de las principales impulsoras de la denuncia, calificó los hechos como "gravísimos" y advirtió sobre la necesidad de poner límites a las amenazas contra las instituciones. "Hay límites en la democracia y los límites los ponen las instituciones", afirmó Di Tullio, quien también señaló la posible vinculación de los autores de los mensajes con funcionarios del Gobierno Nacional.

El clima político se ha visto marcado por la polarización y el uso de redes sociales para difundir mensajes extremos. Mientras algunos sectores oficialistas minimizan los hechos y los califican de "chistes", los legisladores opositores insisten en la gravedad institucional y en la necesidad de proteger el funcionamiento democrático.

Las denuncias buscan que la Justicia investigue la identidad de los autores, sus posibles vínculos políticos y económicos, y determine la responsabilidad penal por instigación a la violencia y amenazas contra el Congreso. El debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de los mensajes violentos continúa abierto, en un contexto de alta tensión política y social.