La Justicia argentina ratificó el procesamiento de Tobías Silva, conocido como "Sherlock", acusado de liderar la banda de hackers "Los Dictadores". Según la investigación, el grupo accedía ilegalmente a bases de datos estatales y privadas, extrayendo información sensible que luego era vendida a través de canales de Telegram mediante sistemas automatizados como "Sherlock Alerts".

Entre las víctimas de la organización figura la actual senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien le crearon antecedentes policiales falsos y expusieron datos personales en redes sociales. La causa, instruida por el juez federal Adrián González Charvay y ratificada por la Cámara Federal de San Martín, incluye delitos de asociación ilícita, acceso ilegal a sistemas informáticos y alteración de registros públicos. Las maniobras se desarrollaron entre marzo y octubre de 2025, abarcando varias provincias argentinas.

La investigación, iniciada tras una alerta del Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal, permitió identificar a 11 miembros activos, incluidos menores de edad. Durante los 22 allanamientos realizados, se secuestraron dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y vehículos, y se dispusieron embargos preventivos por montos de hasta $115 millones.

La defensa de Silva sostiene que su rol era el de un desarrollador de software y administrador técnico, sin dominio sobre los actos delictivos cometidos por otros usuarios. Sin embargo, la Justicia considera que existía una estructura jerárquica y organizada, con Silva como principal responsable. "La supuesta organización es apenas un grupo informal de usuarios que comparten información en foros abiertos de Telegram, sin finalidad delictiva ni coordinación alguna", argumentó el abogado defensor, aunque la investigación lo contradice.

El caso ha generado preocupación por el nivel de sofisticación alcanzado por el ciberdelito en el país, especialmente por el uso de menores y la comercialización de datos a través de criptomonedas. La causa sigue abierta, con peritajes técnicos en curso y la posibilidad de nuevas imputaciones, mientras la Justicia busca determinar el alcance total de las maniobras y la responsabilidad de los involucrados.