El Hospital Naval de Buenos Aires atraviesa una situación crítica tras la decisión de la Armada Argentina de finalizar, a partir del 31 de diciembre, el convenio con la Fundación Sanidad Naval Argentina (FUSANA), que desde hace 34 años gestiona parte de la institución. Esta medida pone en riesgo la continuidad laboral de más de 500 trabajadores, entre médicos, enfermeros y personal administrativo, y ha generado la convocatoria a un paro de 24 horas para el 31 de julio por parte de los gremios del sector.

Fuentes de la Armada aseguraron que "el Hospital Naval no se cierra ni se privatiza", y que la decisión responde a la necesidad de "poner en regla" la gestión sanitaria y realizar una transición ordenada del personal dependiente de FUSANA. Sin embargo, los gremios denuncian que no existen garantías sobre la continuidad laboral ni el pago de indemnizaciones, que podrían alcanzar los $20.000 millones. "Sin trabajadores no hay Hospital Naval. Exigimos garantías: continuidad laboral, respeto al convenio y la antigüedad", expresó Héctor Daer, secretario general de ATSA y miembro de la CGT.

El hospital, que cuenta con 350 camas, diez quirófanos y 39 especialidades, atiende a afiliados de la obra social militar IOSFA y otras 70 obras sociales. La crisis se agrava en un contexto de recortes y deudas en IOSFA, que enfrenta pasivos por $160.000 millones y ha reducido prestaciones médicas de alto costo. La licitación para tercerizar el gerenciamiento de recursos humanos, en la que solo se presentó Confederada Salud SRL, añade incertidumbre sobre el futuro del personal.

El conflicto ha generado preocupación entre los trabajadores y usuarios del hospital, que temen una reducción drástica de servicios o incluso el cierre si no se garantiza la continuidad operativa. La Armada, por su parte, sostiene que se están realizando obras de mejora y que el hospital mantendrá su oferta de residencias médicas en 2026. Sin embargo, la falta de definiciones concretas mantiene la tensión y la incertidumbre en una institución clave para la atención de emergencias y la salud de miles de personas.

El desenlace de este conflicto podría tener implicancias significativas para el sistema de salud militar y para la estabilidad laboral de cientos de familias, en un contexto de ajuste y crisis en el sector público.