Una ola de amenazas de tiroteos y ataques en escuelas argentinas ha generado alarma en la comunidad educativa y ha movilizado a las autoridades en varias provincias. En Buenos Aires, la Justicia de San Isidro recibió más de 600 denuncias en apenas 48 horas, provenientes de graffitis, publicaciones en redes sociales y mensajes en grupos de WhatsApp. La situación se agravó tras un tiroteo en Santa Fe que resultó en la muerte de un adolescente, lo que desencadenó un efecto contagio en otras instituciones del país.

Las fuerzas de seguridad y la justicia han intensificado las investigaciones. En la Escuela Técnica N°1 de Villa Adelina, un alumno fue aprehendido tras publicar amenazas en Instagram. En La Matanza, la policía allanó la vivienda de un exalumno que había amenazado a sus compañeros a través de WhatsApp y enviado imágenes de armas. Las autoridades confirmaron que, en muchos casos, los responsables son menores de edad, lo que implica la intervención de la justicia de menores y la vinculación de las familias en los procesos judiciales.

En Córdoba, la Justicia ya investiga 61 denuncias similares. El titular de la dirección de Control de Educación, Cristian Cariddi, explicó que se trabaja en conjunto con las escuelas y la policía para abordar cada caso, realizando allanamientos cuando se identifican a los autores. Además, se llevan a cabo charlas preventivas para concientizar a los estudiantes sobre la gravedad de estas acciones, recordando que "no es una broma, es un delito de amenaza".

En Entre Ríos, el Consejo General de Educación activó protocolos de actuación urgentes ante la aparición de mensajes intimidatorios, muchos de ellos vinculados a retos virales en redes sociales. Se priorizó la continuidad de las clases bajo estrictas medidas de seguridad y se reforzó la presencia policial en los establecimientos. Las autoridades subrayaron que la prioridad es garantizar la seguridad sin interrumpir el derecho a la educación y pidieron a las familias no difundir rumores y dialogar con los jóvenes sobre el uso responsable de la tecnología.

El fenómeno no es nuevo: hace una década, las amenazas de bomba en escuelas porteñas también generaron preocupación y derivaron en investigaciones judiciales. Sin embargo, el uso de redes sociales ha amplificado el alcance y la velocidad de las amenazas actuales. El gremio docente Suteba advirtió que la escuela no puede enfrentar sola la problemática de la violencia y reclamó un abordaje integral.

Las autoridades insisten en que estas amenazas constituyen delitos graves y pueden acarrear consecuencias penales, incluso para menores y sus familias. El monitoreo y la intervención rápida han permitido identificar a varios responsables y evitar incidentes mayores, aunque la preocupación persiste en la comunidad educativa.