Argentina ha solicitado formalmente a España la extradición del ex coronel venezolano Ephraín Verdú Torrelles, acusado de crímenes de lesa humanidad durante la represión de las protestas de 2014 en Venezuela. La petición, tramitada por un tribunal federal argentino, se fundamenta en el principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales nacionales investigar y juzgar delitos graves cometidos fuera de sus fronteras, independientemente de la nacionalidad de las víctimas o los acusados.

El caso se centra en la muerte de Geraldin Moreno Orozco, una estudiante de 23 años asesinada durante una manifestación en Naguanagua, cerca de Valencia, Venezuela. Según la denuncia presentada en 2023 por la organización InterJust, Moreno Orozco fue víctima de disparos efectuados por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana, bajo el mando de Verdú Torrelles. Su madre, Rosa Orozco, ha liderado durante más de una década la búsqueda de justicia, denunciando la falta de respuestas en Venezuela y recurriendo a instancias internacionales.

Las protestas de 2014, motivadas por el descontento social ante la crisis económica y la inseguridad, dejaron al menos 43 muertos, más de 1.000 heridos y miles de detenidos. Organizaciones internacionales como la OEA, la ONU y la UE condenaron la represión y exigieron una salida pacífica al conflicto. La Guardia Nacional Bolivariana fue señalada como el principal cuerpo represivo, utilizando tanto equipos antimotines como armas de fuego y sustancias tóxicas.

En febrero de 2026, tras confirmarse la presencia de Verdú Torrelles en España, un juez argentino dictó la orden de extradición. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina formalizó el pedido, y en marzo, el Consejo de Ministros español aprobó la continuación del proceso, que ahora está en manos de la Audiencia Nacional. Organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas consideran este avance un hito en la lucha contra la impunidad y un mensaje claro de que los crímenes de lesa humanidad no deben quedar sin castigo.

Ignacio Jovtis, director para América Latina de InterJust, afirmó que "es la primera oportunidad real de ver cómo se lleva ante la justicia a un presunto autor de los delitos cometidos contra las víctimas venezolanas". Por su parte, ONG como Provea subrayan que la resolución favorable de la extradición podría sentar un precedente para otros casos y fortalecer la cooperación internacional en la persecución de crímenes graves.

El proceso continúa en España, donde la Audiencia Nacional deberá decidir si concede la extradición. De concretarse, la justicia argentina podrá avanzar en el juicio y, potencialmente, abrir la puerta a nuevas investigaciones sobre la represión en Venezuela. El caso se perfila como un ejemplo de la importancia de la jurisdicción universal y la cooperación internacional en la lucha contra la impunidad.