La posible mudanza de Rafael Di Zeo, histórico jefe de la barra brava de Boca Juniors, al country Abril de Hudson, en la provincia de Buenos Aires, desató una fuerte controversia entre los residentes del exclusivo barrio privado. La solicitud de ingreso, presentada por su esposa Carolina Condello, cuenta con los avales requeridos del vicepresidente de Boca, Jorge Amor Ameal, y del empresario Carlos Daniel Tomeo. Sin embargo, la noticia generó alarma entre los vecinos, quienes rápidamente comenzaron a recolectar firmas para impedir la llegada de Di Zeo, citando su extenso prontuario judicial y antecedentes de violencia.

Según el reglamento interno del country, la admisión de nuevos propietarios requiere la recomendación de al menos dos socios y permite que los asociados activos presenten objeciones formales. Si más del 20% de los socios activos se oponen y existen motivos fundados, la solicitud puede ser rechazada de manera vinculante. “El Sr. Di Zeo posee antecedentes judiciales y policiales que denotan conducta agresiva, uso de armas y confrontación violenta, incompatible con los valores comunitarios del club”, señala uno de los correos enviados al directorio. Entre los antecedentes mencionados figuran detenciones en 1999 y 2007 por coacción agravada y asociación ilícita, así como su implicación en un tiroteo en 2013 y una reciente imputación por tenencia de armas de guerra y drogas en 2024, aunque accedió a probation.

El directorio del country emitió un comunicado para aclarar que el proceso de admisión es igual para todos los postulantes y que las objeciones deben ser debidamente fundamentadas. “Queremos llevar tranquilidad a toda la comunidad y brindar precisiones”, expresaron las autoridades, detallando que la decisión final se tomará en los próximos 10 días hábiles.

La situación de Di Zeo, quien actualmente tiene prohibido el ingreso a estadios por orden del Ministerio de Seguridad, reaviva el debate sobre la convivencia y los valores en los barrios cerrados, así como el derecho de admisión y la reinserción social de personas con antecedentes penales. El desenlace de este caso será seguido de cerca tanto por los vecinos como por la opinión pública.