Un grupo de turistas bonaerenses fue condenado por la Justicia de Mendoza tras ser identificado como responsable de vandalizar piedras en el Dique Potrerillos, uno de los principales atractivos naturales de la provincia. El episodio, que ocurrió la semana pasada y fue registrado en video por un automovilista, generó un fuerte repudio social y una rápida reacción de las autoridades.

La jueza contravencional Viviana Fernández abrió una causa de oficio luego de la viralización de las imágenes, en las que se observa a los turistas pintando con aerosol verde sus nombres sobre las rocas de la Ruta Nacional 7. Tras la investigación, se identificó a los responsables como Silvio Guillermo Pérez, María Mercedes Quiroga y Yolanda Graciela Quiroga, todos oriundos de Carlos Casares, Buenos Aires.

En una audiencia virtual realizada el miércoles 30 de julio, los tres imputados comparecieron sin abogado, reconocieron su responsabilidad y pidieron disculpas públicas al pueblo mendocino y a los habitantes de Potrerillos. "Lamentamos lo ocurrido y estamos dispuestos a lo que la Justicia decida", manifestaron durante la audiencia, según informaron fuentes judiciales.

La magistrada determinó una multa conjunta de $2.100.000, equivalente al mínimo previsto por el artículo 138 quarter del Código Contravencional de Mendoza, que sanciona la degradación ambiental en zonas protegidas. Además, los condenados deberán realizar 20 horas de tareas comunitarias de limpieza en espacios públicos del municipio de Carlos Casares, bajo supervisión judicial. El pago de la multa debe efectuarse en un plazo de 10 días y, en caso de incumplimiento, la pena se transformará en arresto.

La limpieza de las piedras vandalizadas fue realizada por una fundación local especializada en la erradicación de pintadas en la montaña. El caso, que cobró notoriedad nacional por la viralización del video y la indignación pública, fue destacado por autoridades provinciales, quienes subrayaron la importancia de proteger el patrimonio natural de Mendoza.

La sentencia busca sentar un precedente en la protección ambiental y advierte sobre las consecuencias legales de dañar áreas protegidas. La lectura de los fundamentos de la condena está prevista para el 6 de agosto, mientras la sociedad mendocina espera que este tipo de sanciones contribuyan a desalentar futuros actos vandálicos en la región.