El Gobierno argentino se prepara para una semana decisiva en el Congreso, donde buscará la media sanción de la reforma laboral en el Senado y avanzar con la baja de la edad de imputabilidad en Diputados. El oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza, confía en contar con los votos necesarios para aprobar ambas iniciativas, consideradas prioritarias por el presidente Javier Milei y su gabinete.

La reforma laboral, que será debatida el miércoles en la Cámara Alta, ha generado un fuerte rechazo por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros sectores sindicales, que anunciaron movilizaciones frente al Congreso. Los gremios se oponen especialmente a los artículos que afectan el financiamiento de las obras sociales, aunque la iniciativa no modifica el cálculo de las indemnizaciones. "Estamos discutiendo una ley de contrato de trabajo de la década del '70, del siglo pasado. Es lo más arcaico que pueda haber", afirmó el senador Luis Juez, quien apoya la reforma pero advierte sobre la necesidad de construir consensos.

El Gobierno ha intensificado las negociaciones con gobernadores y bloques aliados para asegurar la aprobación. Mientras algunos mandatarios provinciales buscan garantías de financiamiento para sus distritos, otros, como el bonaerense Axel Kicillof, rechazan abiertamente la iniciativa. Empresarios y representantes del sector agropecuario han manifestado su respaldo, aunque advierten que la reforma debe ir acompañada de una reactivación económica para generar empleo genuino.

En paralelo, Diputados debatirá la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, tras un acuerdo entre el oficialismo y bloques como el PRO, la UCR y el Frente Renovador. El ministro del Interior, Diego Santilli, defendió la medida y subrayó la importancia de establecer consecuencias claras para los delitos cometidos por menores. "Hace 40 años que no alcanza el sueldo en la Argentina. Lo único diferente ahora es que hay un presidente que cumple lo que dice", sostuvo Santilli.

Ambas reformas forman parte de la agenda de modernización impulsada por el Gobierno, en un contexto de alta informalidad laboral y demandas de mayor seguridad. El desenlace de los debates legislativos marcará el rumbo de las próximas transformaciones estructurales en el país.