El Ministerio de Justicia de la Nación confirmó un nuevo cambio en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Leonardo Szuchet, abogado penalista con experiencia en la gestión pública durante el gobierno de Mauricio Macri, asumirá en reemplazo de Joaquín Mogaburu, quien deja el cargo tras poco más de tres meses de gestión. La decisión, impulsada por el ministro Juan Bautista Mahiques, busca consolidar un equipo propio en áreas consideradas estratégicas dentro de la cartera.

Fuentes oficiales indicaron que la designación de Szuchet se formalizará el próximo miércoles. Szuchet, actual vicepresidente del Consejo Argentino para el Desarrollo y los Derechos Humanos, ya se desempeñó como jefe de gabinete en la Secretaría de Derechos Humanos durante la administración de Cambiemos y ocupó cargos en la gestión porteña, interviniendo en casos de alto perfil como la tragedia de Once.

El recambio se produce en un contexto de tensiones internas dentro del oficialismo y tras la conmemoración de los 50 años del último golpe militar. La subsecretaría de Derechos Humanos, cuya sede se encuentra en el predio de la ex ESMA, es un área sensible por su relevancia histórica y simbólica. En los últimos meses, circularon versiones sobre un posible traslado de la sede a un edificio en San Telmo, aunque la decisión será revisada por la nueva conducción.

Desde el Gobierno, se remarcó que no se prevén cambios de fondo en la política de derechos humanos, que continuará centrada en el concepto de “memoria completa”. Esta postura, que incluye el accionar de las Fuerzas Armadas durante el conflicto interno de los años setenta, mantiene diferencias con los organismos históricos del sector. El reciente video oficial por el Día de la Memoria reflejó esta línea, incorporando testimonios que distan de las posiciones tradicionales de las organizaciones de derechos humanos.

El cambio de autoridades en la subsecretaría se da en un contexto de reorganización y obras en el predio de la ex ESMA, donde también se resguardan archivos vinculados a causas judiciales relevantes como el atentado a la AMIA. El Gobierno busca así consolidar su impronta en la gestión de derechos humanos, en medio de debates sobre la memoria histórica y la administración de espacios emblemáticos.