El Gobierno nacional, a través del flamante ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, anunció el inicio del proceso para cubrir más de 200 vacantes de jueces, 72 fiscales y 65 defensores oficiales en la Justicia Federal. La medida, comunicada oficialmente por el Ministerio de Justicia, busca revertir la parálisis en los nombramientos que afecta la eficiencia y celeridad de los tribunales federales, donde hasta el 40% de los juzgados y el 47% de las fiscalías carecen de titulares.

El procedimiento, que sigue los lineamientos del decreto 588/2003, contempla la verificación de antecedentes penales y patrimoniales de los candidatos, así como la posibilidad de objeciones ciudadanas antes de que el Presidente de la Nación envíe los pliegos al Senado. Según fuentes oficiales, en una primera etapa se priorizarán los tribunales más críticos, con el envío de unos 50 pliegos, especialmente en la justicia civil y federal del interior del país.

La crisis de vacantes se agravó en los últimos años por la renuncia de 83 magistrados y la ausencia de nuevas designaciones, una situación que la actual administración busca revertir aprovechando un escenario parlamentario más favorable. Sin embargo, el proceso no está exento de controversias: sectores de la oposición y del ámbito judicial han manifestado dudas sobre la transparencia y las motivaciones políticas detrás de los nombramientos, señalando la influencia de figuras como Karina Milei y la posible incorporación de nuevos nombres en las listas de candidatos.

El presidente Javier Milei defendió la independencia de la Justicia y la necesidad de avanzar en la cobertura de vacantes para garantizar el funcionamiento del sistema judicial. "Si Tapia y Toviggino son culpables, que paguen con todo el peso de la ley", afirmó en relación a investigaciones en curso, y destacó la experiencia de Mahiques para resolver la crisis de vacantes.

El proceso de designación de jueces y fiscales se presenta así como un punto de inflexión para el Poder Judicial argentino, en un contexto de tensiones políticas, demandas de transparencia y la expectativa de que la cobertura de cargos contribuya a mejorar la administración de justicia en el país.