La morosidad en el sistema financiero argentino alcanzó niveles récord en marzo y abril de 2025, según datos del Banco Central y diversas entidades bancarias. El ajuste fiscal implementado por el gobierno de Javier Milei logró estabilizar algunos indicadores macroeconómicos, pero la presión sobre familias y empresas se intensificó, generando preocupación en el sector financiero.

Los saldos impagos de tarjetas de crédito subieron al 2,8% en marzo, el nivel más alto en tres años, mientras que la morosidad en préstamos personales superó el 4%, marcando un récord en nueve meses. Además, la cantidad de cheques rechazados superó los 64.000, con una tasa de rechazo del 1,3%, el mayor registro en cinco años. Gastón Rossi, director del Banco Ciudad, advirtió que "es una luz amarilla. Está costando más cobrar los créditos".

El sobreendeudamiento de los hogares se agravó: el 56% destina entre el 40% y el 60% de sus ingresos mensuales al pago de deudas, y el 58% de las deudas con tarjeta de crédito corresponde a la compra de alimentos. El costo financiero total de los préstamos personales supera el 140% anual en bancos públicos y el 199% en privados, lo que dificulta la cancelación de pasivos y genera un efecto "bola de nieve" en los intereses acumulados.

En el sector empresarial, compañías de la industria, comercio, construcción y entretenimiento —especialmente exportadoras— enfrentan dificultades para acceder a financiamiento. Empresas como Albanesi y Celulosa Argentina han incurrido en defaults o han advertido sobre posibles impagos, mientras que el mercado de capitales local e internacional se cierra para muchas firmas medianas.

El contexto de ajuste fiscal, estancamiento salarial y persistencia de la inflación ha llevado a una mayor segmentación y desaceleración del consumo masivo. El levantamiento de controles cambiarios modificó las estrategias de financiamiento, y los inversores locales ahora buscan alternativas para dolarizar sus carteras.

Bancos y consultoras alertan sobre el riesgo de una mayor ruptura en la cadena de pagos y advierten que, si la tendencia continúa, podrían anticiparse mayores problemas sociales y económicos. El gobierno enfrenta el desafío de estabilizar la economía sin profundizar el deterioro del crédito, en un año marcado por las próximas elecciones legislativas.