La detención de Alexia Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, generó una fuerte controversia política y judicial tras ser acusada de participar en un escrache con estiércol y amenazas frente a la casa del diputado nacional José Luis Espert, en San Isidro. El hecho, ocurrido el 17 de junio, involucró a al menos seis personas que arrojaron bolsas con materia fecal y dejaron un cartel intimidatorio en la vivienda del legislador.

La investigación, a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, identificó dos vehículos utilizados en el ataque: un Renault Clio, propiedad de Abaigar, y una camioneta Chevrolet S10, cedida al municipio de Quilmes por una empresa contratista de obra pública. La camioneta, destinada oficialmente a tareas ambientales, fue hallada en dependencias municipales, lo que abrió una línea de investigación sobre el posible uso indebido de recursos públicos y la eventual complicidad de funcionarios estatales.

Abaigar fue detenida junto a su madre y un exmecánico, aunque estos últimos fueron liberados tras comprobarse que no participaron directamente en el hecho. La jueza rechazó el pedido de excarcelación de la funcionaria y ordenó su traslado al penal de Ezeiza, argumentando riesgos procesales y la gravedad de los delitos investigados. La defensa, encabezada por el abogado Daniel Llermanos, sostiene que se trata de una contravención municipal y denuncia una "persecución política".

El episodio se produjo en un contexto de alta tensión política, tras la ratificación de la condena a Cristina Kirchner y declaraciones polémicas de Espert sobre la expresidenta y su hija. El propio diputado y su esposa se opusieron a la excarcelación de Abaigar, señalando la existencia de una organización premeditada detrás del ataque.

Desde el oficialismo y organizaciones afines, se denunció una "gravedad institucional alarmante" y se exigió la liberación de la funcionaria, mientras que desde la oposición se subrayó la necesidad de esclarecer el uso de bienes públicos y la posible vinculación de militancia política en hechos violentos. La causa permanece bajo secreto de sumario y se esperan nuevas medidas judiciales en los próximos días, en medio de un clima de creciente polarización y debate sobre la judicialización de la política en Argentina.