La confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema de Justicia ha provocado un profundo reordenamiento en el peronismo argentino. El fallo, considerado por amplios sectores del movimiento como una proscripción política, forzó una tregua interna y la postergación de disputas electorales, mientras se organiza una movilización masiva en apoyo a la exmandataria.

En los últimos días, la sede del Partido Justicialista nacional se transformó en el epicentro de la resistencia. Más de 250 intendentes de todo el país, junto a dirigentes sindicales y referentes de distintos espacios, coordinaron acciones para asegurar una presencia multitudinaria en la marcha prevista para el 18 de junio hacia los tribunales de Comodoro Py. “La única herramienta que nos queda es la calle”, repiten cerca de la exmandataria, mientras se planifican vigilias y actividades en todo el país.

La interna entre Axel Kicillof, La Cámpora y otros sectores quedó en suspenso. El Movimiento Derecho al Futuro, liderado por el gobernador bonaerense, suspendió sus actividades propias para sumarse a la unidad, en un gesto que fue replicado por otros espacios. “No hay margen para nada de interna, no es el momento”, afirman desde el PJ, reflejando el clima de tregua impuesto por la gravedad del fallo judicial.

La CGT y las CTA convocaron a una jornada de acción y paro para facilitar la movilización, mientras que sectores opositores como el Partido Obrero anunciaron su participación, aunque con críticas al peronismo y al fallo judicial. El gobierno nacional, por su parte, enfatizó que la decisión sobre la prisión domiciliaria de la exmandataria corresponde exclusivamente al Poder Judicial y que ninguna manifestación popular podrá modificar ese fallo.

El debate sobre candidaturas y listas, que había generado tensiones en el peronismo bonaerense, quedó postergado hasta después de la movilización. Dirigentes como Sergio Massa y Wado de Pedro llamaron a construir una nueva mayoría y a defender los derechos políticos de Cristina Kirchner, mientras se trazan paralelismos con la proscripción del peronismo en los años 70.

La movilización del 18 de junio es vista como una prueba de fuerza y cohesión del peronismo frente al gobierno de Javier Milei, en un contexto de alta polarización y crisis institucional. El desenlace de la jornada y las decisiones judiciales sobre la situación de Cristina Kirchner marcarán el rumbo de la principal fuerza opositora en los próximos meses.