La Corte Suprema de Justicia de la Nación sobreseyó al ex sacerdote Justo José Ilarraz, quien había sido condenado en 2018 a 25 años de prisión por abusar sexualmente de siete menores en el Seminario Arquidiocesano de Paraná entre 1988 y 1992. El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, fue unánime y se basó en la prescripción de los delitos, al considerar que solo los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles según la Constitución Nacional.

La decisión revocó un fallo anterior del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que había declarado imprescriptibles los delitos de abuso sexual en este caso, argumentando su gravedad y el contexto institucional en el que ocurrieron. Sin embargo, la Corte Suprema sostuvo que "el principio de legalidad no puede flexibilizarse" y que asimilar estos delitos a los de lesa humanidad sería inconstitucional. "El deber de otorgar una consideración primordial al interés superior del niño no puede interpretarse en el sentido de soslayar las exigencias del debido proceso", señalaron los magistrados.

Las denuncias contra Ilarraz se formalizaron en 2012, casi dos décadas después de los hechos, y el proceso judicial incluyó testimonios de víctimas, familiares y miembros de la Iglesia. En 2018, Ilarraz fue condenado por promoción a la corrupción de menores agravada y abuso deshonesto, pero su defensa presentó recursos alegando prescripción, que finalmente fueron aceptados por la Corte Suprema.

El caso generó un fuerte impacto social y político. Víctimas y organizaciones expresaron su indignación, señalando que la decisión deja sin justicia a quienes sufrieron abusos en la infancia. La expresidenta Cristina Kirchner criticó públicamente a la Corte Suprema por el fallo, reavivando el debate sobre la protección de los derechos de las víctimas y la aplicación de la ley penal. La resolución podría sentar un precedente para otros casos de abusos cometidos décadas atrás, en los que la prescripción de la acción penal es motivo de controversia.

El caso Ilarraz pone en evidencia las dificultades para juzgar delitos sexuales cometidos en el pasado y la tensión entre el respeto al debido proceso y la necesidad de garantizar justicia a las víctimas. La Corte Suprema enfatizó la importancia de mantener las garantías constitucionales, mientras que sectores sociales y políticos reclaman una revisión de los plazos de prescripción para estos delitos.