El Gobierno argentino reglamentó el Seguro de Cese Laboral, una alternativa voluntaria al sistema tradicional de indemnización por despido, mediante la Resolución 347/2025 publicada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Esta medida, que entra en vigencia el 10 de julio, se enmarca en la Ley Bases y el Decreto 847/2024, y permite que empleadores y trabajadores acuerden, a través de convenios colectivos, reemplazar la indemnización por antigüedad por un seguro o fondo de cese laboral.

Hasta el momento, tres sectores han manifestado interés en sumarse al nuevo régimen: los empleados de seguridad, los gastronómicos y la Sociedad Rural Argentina. El sistema ya funciona en el sector de la construcción, donde la alta rotación de personal hace inviable el pago de indemnizaciones tradicionales al finalizar cada obra. Ahora, la reglamentación habilita su extensión a otras actividades con características similares.

El mecanismo puede instrumentarse como seguro colectivo de vida con ahorro, seguro de retiro, fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros. Los empleadores realizarán aportes periódicos a cuentas especiales a nombre de cada empleado, constituyendo un saldo que se utilizará como indemnización en caso de despido. Además, los empleados podrán ahorrar voluntariamente en cuentas individuales de libre disponibilidad. Los fondos acumulados son inembargables y pueden ser invertidos para aumentar su rendimiento.

Irene Capusselli, presidenta de la Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina (AVIRA), señaló que "el Seguro de Fondo de Cese Laboral se constituye en un nuevo mecanismo, de adhesión voluntaria, que reemplaza la actual indemnización por antigüedad al fin de la relación contractual de trabajo, facilitando su resolución de manera sencilla, precisa y clara para las partes, al disponibilizar los fondos para efectuar el pago". Por su parte, Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA-Autónoma, explicó que la resolución "prepara el terreno institucional para que los convenios colectivos tengan la posibilidad de incluir fondos de cese, pero la implementación dependerá de cada negociación y de cada actividad".

El Gobierno sostiene que la medida busca promover la formalización del empleo, dotar de mayor previsibilidad financiera frente a eventuales desvinculaciones laborales y fortalecer el mercado asegurador como canalizador de ahorro interno y dinamizador del desarrollo económico. Sin embargo, la adhesión al nuevo régimen será voluntaria y dependerá de los acuerdos que se alcancen en cada sector, por lo que su impacto real se verá en el mediano plazo.