La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso presentado por la defensa de dos directivos del Grupo Macri, quienes pretendían apartar a los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico de la Cámara Federal porteña en el marco de la causa penal conocida como "Correo Argentino". El expediente investiga presuntas irregularidades en un acuerdo firmado en 2016 entre la administración de Mauricio Macri y la empresa controlada por su familia, que habría condonado el 98% de la deuda de la empresa con el Estado Nacional.

Según la fiscal Gabriela Boquin, el acuerdo resultaba "ruinoso" y "abusivo" para el Estado, ya que implicaba una quita de casi la totalidad de la deuda, estimada en hasta 70 mil millones de pesos. La fiscalía logró frenar la ejecución del pacto antes de que se concretara. Los principales imputados en la causa son Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A.; su abogado Jaime Kleidermacher; el exministro de Comunicaciones Oscar Aguad; y el ex titular de Asuntos Jurídicos de la cartera, Juan Manuel Mocoroa.

La defensa de los acusados argumentó que los jueces Farah y Boico tenían "enemistad manifiesta" hacia Mauricio Macri, lo que, según ellos, afectaba la imparcialidad del proceso. Sin embargo, tanto la Cámara Federal como la Cámara de Casación Penal y, finalmente, la Corte Suprema, rechazaron estos planteos por falta de fundamentos objetivos. Además, la Corte impuso una multa a la defensa por la presentación de recursos considerados infundados, en un intento de frenar maniobras dilatorias.

El caso, que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo desde 2017, ha avanzado lentamente y sigue en etapa de instrucción. El acuerdo bajo investigación fue uno de los más cuestionados de la gestión de Cambiemos, y su anulación fue anunciada públicamente por el propio Macri tras el dictamen fiscal adverso. El expediente ha sido objeto de controversias políticas y jurídicas, y se mantiene bajo la atención pública por su impacto potencial en la responsabilidad de exfuncionarios y empresarios vinculados al expresidente.

La resolución de la Corte Suprema refuerza la continuidad de la investigación y limita las posibilidades de la defensa de recurrir a estrategias procesales para demorar el avance de la causa. El desenlace del caso podría tener implicancias significativas tanto en el ámbito judicial como político, en un contexto de creciente escrutinio sobre los vínculos entre el sector público y privado en la Argentina.