Una ola de amenazas de tiroteos en escuelas de Tucumán ha generado alarma y una respuesta inmediata de las autoridades provinciales. El martes 14 de abril, inscripciones intimidatorias aparecieron en los baños de los colegios San Francisco y Guillermina, advirtiendo sobre posibles ataques armados. La situación llevó a la activación de protocolos de emergencia, custodia policial y un ausentismo masivo de estudiantes, aunque las clases no se suspendieron.

El gobernador Osvaldo Jaldo firmó el Decreto 772/7, que establece sanciones severas para frenar estos episodios: los directivos de colegios serán responsables del cuidado de los alumnos, los estudiantes que pongan en riesgo el desarrollo de las clases podrán ser expulsados y los padres enfrentarán responsabilidad penal y administrativa. Además, se prevé el traslado de menores involucrados a instituciones especiales, previa intervención judicial.

El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, anunció el despliegue de 2.500 efectivos para custodiar escuelas y realizar controles exhaustivos. "Para nosotros no es una broma. Van a terminar detenidos", advirtió Girvau, subrayando que ya hay investigaciones en curso y menores identificados. Un padre fue demorado tras rastrear el origen de una amenaza viralizada por WhatsApp, y se secuestró el teléfono utilizado.

El Ministerio de Educación recordó la vigencia de la Guía Provincial para el Abordaje de Situaciones Problemáticas Complejas, instando a reforzar el control y el acompañamiento a los estudiantes. Mientras tanto, la fiscalía y la policía continúan trabajando para identificar a todos los responsables.

El fenómeno, que se investiga como un reto viral de redes sociales, se replica en otras provincias y ocurre en un contexto de máxima sensibilidad tras un tiroteo real en Santa Fe. Sectores críticos advierten que la respuesta oficial prioriza el control y la sanción, sin abordar las causas sociales profundas que atraviesan a la juventud. El debate sobre cómo garantizar la seguridad escolar y atender el malestar social sigue abierto en Tucumán.