La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y más de un centenar de sindicatos estatales iniciaron un paro nacional de 36 horas en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y la decisión de no abonar adicionales salariales correspondientes al mes de febrero. La medida, que incluye movilizaciones en distintos puntos del país, surge en un contexto de creciente tensión entre los gremios y el Ejecutivo nacional, que mantiene congeladas las negociaciones paritarias desde diciembre de 2025.

El conflicto se agravó tras el anuncio oficial de que no se pagarán rubros como el presentismo y otros adicionales, lo que representa una reducción salarial superior a los 50 mil pesos por agente. Según denuncian los sindicatos, el poder adquisitivo de los trabajadores estatales ha caído más de un 45% durante la actual gestión, situación que consideran insostenible ante la inflación y el aumento del costo de vida.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, afirmó que "es responsabilidad del Gobierno que la conflictividad escale" y exigió la reapertura inmediata de las paritarias. "No vamos a tolerar un nuevo recorte. Esto repercutirá de manera negativa en la prestación de todos los servicios", advirtió. En la provincia de Tierra del Fuego, Carlos Margalot, dirigente de ATE, remarcó la urgencia de discutir salarios y denunció que la reforma laboral "es una vergüenza que esclaviza al trabajador".

Las movilizaciones se replicaron en ciudades como Concepción del Uruguay, donde trabajadores estatales marcharon bajo la consigna "No a la reforma laboral". El paro afecta a sectores clave como salud, transporte, banca y comercio, y cuenta con el respaldo de la mayoría de las centrales obreras.

El Gobierno, por su parte, sostiene la necesidad de avanzar con las reformas y el ajuste fiscal, mientras los sindicatos advierten que el conflicto podría profundizarse si no se reanudan las negociaciones y se restablecen los pagos salariales. El desenlace de la disputa dependerá de la respuesta oficial y del tratamiento de la reforma laboral en el Congreso, donde los gremios buscan frenar su aprobación definitiva.