La muerte del anestesista Alejandro Zalazar, ocurrida el 20 de febrero en su departamento de Palermo, destapó una compleja trama de consumo y robo de anestésicos hospitalarios en Buenos Aires. Zalazar, de 29 años, fue hallado sin vida con una vía intravenosa y frascos de propofol y fentanilo, dos potentes fármacos de uso exclusivo en anestesiología. La investigación judicial, a cargo de los fiscales Eduardo Cubría y Lucio Herrera, se centra en determinar el origen de los medicamentos y su posible desvío desde el Hospital Italiano, donde no trabajaba la víctima.

El caso cobró notoriedad cuando compañeros de Zalazar y de la residente Delfina Lanusse alertaron a las autoridades sobre el consumo de anestésicos fuera del ámbito hospitalario. Lanusse, residente de tercer año en el Hospital Italiano, reconoció ante la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA) haber consumido propofol junto al anestesista Hernán Boveri, quien también admitió su participación. Ambos fueron apartados de sus funciones: Boveri presentó su renuncia y Lanusse fue suspendida mientras avanza la investigación.

La Justicia investiga si el robo de anestésicos del Hospital Italiano está directamente vinculado con la muerte de Zalazar. Testimonios y actas secuestradas en allanamientos refuerzan la hipótesis de un circuito de fiestas privadas, denominadas "PropoFest", donde médicos se administraban estos fármacos con fines recreativos. La causa también analiza la posible existencia de una red de distribución y consumo sostenida en el tiempo, así como la responsabilidad jerárquica y profesional de los involucrados.

El caso se produce en un contexto de alerta sanitaria tras la crisis del fentanilo contaminado en 2025, que dejó más de un centenar de víctimas y evidenció graves fallas en la trazabilidad de medicamentos hospitalarios. Aunque la ANMAT implementó nuevos controles, expertos y familiares de víctimas advierten que persisten debilidades estructurales en el seguimiento interno de estos fármacos.

La situación generó preocupación en el ámbito médico y social, reavivando el debate sobre la responsabilidad profesional, la necesidad de reforzar los controles y el impacto de prácticas riesgosas en la salud pública. La investigación continúa y se esperan resultados de pericias y declaraciones clave para esclarecer el alcance del caso y sus eventuales consecuencias judiciales y sanitarias.