El Gobierno argentino ha dado inicio al proceso de privatización de Energía Argentina S.A. (Enarsa), una empresa estatal creada en 2004 para gestionar proyectos clave en el sector energético. La medida, oficializada mediante el Decreto 286/2025, incluye la venta de activos estratégicos como la participación en Transener, la principal transportista eléctrica del país. Este activo, valorado en aproximadamente 200 millones de dólares, representa el 25,5% de las acciones indirectas de Transener, actualmente compartidas con Pampa Energía.

La privatización de Enarsa se llevará a cabo en bloques, separando sus diversas unidades de negocio, que incluyen gasoductos, centrales termoeléctricas y represas hidroeléctricas. Según el Gobierno, esta decisión busca mejorar la eficiencia, fomentar la competencia y garantizar precios sostenibles para los consumidores. Sin embargo, la medida ha generado un intenso debate. Expertos como el economista Alberto Muller han señalado que Enarsa no opera como una empresa comercial, sino como un brazo ejecutor del Estado, lo que complica su evaluación bajo criterios tradicionales de rentabilidad.

La normativa actual, establecida por la ley 24.065, prohíbe que una misma empresa controle generación, transporte y distribución de energía. Esto ha planteado desafíos legales para la venta de ciertos activos, como la participación en Transener. Pampa Energía, que ya posee el 50% de Citelec, la sociedad controlante de Transener, tiene derechos preferenciales en el proceso de compra, aunque la ley limita su capacidad para adquirir el control total.

Críticos de la privatización, incluidos exfuncionarios y analistas, han cuestionado la medida, calificándola de ideológica y con posibles conflictos de interés. Argumentan que el déficit de Enarsa se debe en gran parte a los subsidios canalizados a través de la empresa, y no a una gestión ineficiente. Además, advierten sobre el riesgo de monopolios y la pérdida de control estatal en sectores estratégicos.

El proceso de privatización será supervisado por el Ministerio de Economía, que deberá establecer las normas operativas y complementarias necesarias. La venta de Enarsa se enmarca en una política más amplia de privatización impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que busca reducir el déficit estatal y promover la inversión privada. Sin embargo, el éxito de esta iniciativa dependerá de su capacidad para equilibrar los intereses públicos y privados, así como de su cumplimiento con las normativas vigentes.