La reforma laboral propuesta por el gobierno de Javier Milei ha generado un intenso debate en la Argentina, con el Senado como escenario central de la discusión. Los sindicatos, encabezados por la Uocra y la CGT, han manifestado su rechazo a varios puntos del proyecto, advirtiendo que su aprobación podría debilitar el modelo sindical argentino y erosionar derechos colectivos fundamentales.

Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra, detalló que los gremios consideran innegociables la ultraactividad (que mantiene vigentes los convenios colectivos hasta que se firmen nuevos), la prevalencia de convenios por empresa sobre los sectoriales y la falta de un tope claro al aporte solidario. "La ultraactividad permite que los convenios sigan vigentes hasta que se firmen otros nuevos", explicó Martínez, quien advirtió que eliminar este mecanismo dejaría a los trabajadores expuestos si las negociaciones se estancan. Además, sostuvo que la prevalencia de convenios por empresa fragmentaría la negociación colectiva y debilitaría la unidad sindical.

El oficialismo, por su parte, defiende la reforma como una modernización necesaria para adaptar la legislación laboral a los desafíos tecnológicos y económicos actuales. Argumentan que la iniciativa permitirá blanquear millones de empleos informales y digitalizar procesos, sin eliminar derechos fundamentales de los trabajadores. "Ninguno de los derechos fundamentales han sido derogados", sostiene un análisis publicado en Clarín, que remarca la vigencia de principios protectores y la adecuación a estándares internacionales.

Sin embargo, organizaciones sindicales y juristas, tanto nacionales como internacionales, han expresado su preocupación por lo que consideran un retroceso estructural en materia de derechos laborales. Un manifiesto firmado por abogados y sindicalistas del Estado español advierte que la reforma vulnera convenios de la OIT y debilita la negociación colectiva, el derecho de huelga y el acceso a la justicia laboral.

El debate se da en un contexto de crisis económica, pérdida de empleos formales y cuestionamientos a la legitimidad sindical. Mientras el oficialismo negocia con gobernadores y busca consensos en el Senado, los gremios anticipan que seguirán defendiendo los derechos laborales y la representación colectiva. El desenlace de la discusión en el Congreso será clave para el futuro del trabajo en la Argentina.