La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba enfrenta una crisis institucional tras la imputación de dos de sus máximas autoridades, Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, junto a los secretarios Mario Olmedo y Gustavo Flores. La investigación, impulsada por los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian, apunta a presuntas maniobras de manipulación en la integración del tribunal para intervenir en causas de alto impacto económico, entre ellas la megacausa Bunge por evasión tributaria.

Según la acusación, los jueces habrían acordado alterar la composición de las salas, aprovechando vacantes y el sistema de subrogancias, para coincidir en expedientes sensibles y así influir en sus resoluciones. La denuncia fue presentada por la secretaria Celina Laje Anaya, quien relató haber sido víctima de hostigamiento y violencia laboral tras negarse a firmar una certificación que consideró ilegal. "Se negó terminantemente porque no era lo que correspondía. Desde ese momento empezó a ser perseguida sistemáticamente con humillaciones, con violencia verbal, violencia psicológica", afirmó su abogado Claudio Orosz.

Los fiscales sostienen que la reiteración de estos episodios descarta la hipótesis de error y refuerza la idea de una actuación consciente y coordinada. Además, el secretario de superintendencia Gustavo Flores fue imputado por falso testimonio, acusado de encubrir las presuntas presiones sobre Laje Anaya.

Por su parte, el abogado defensor Carlos Nayi rechazó las acusaciones y aseguró que sus defendidos "son ajenos a cualquier conducta de relevancia penal". Sostuvo que "el desarrollo serio y objetivo de la investigación demostrará de manera acabada que los hechos denunciados no existieron".

El caso, que permanece bajo secreto de sumario, ha puesto en el centro del debate la transparencia y el funcionamiento del Poder Judicial en Córdoba, especialmente ante la falta de jueces titulares en la Cámara, lo que habría facilitado la concentración de poder y las presuntas maniobras irregulares. La resolución de la causa será clave para determinar el alcance de las responsabilidades y el impacto institucional en el sistema judicial local.