La celebración de una boda privada en la reserva natural Quebrada de las Conchas, en Cafayate, Salta, ha generado una fuerte controversia y una investigación oficial por parte de las autoridades provinciales y municipales. El evento, realizado en el paraje La Punilla, fue denunciado por la Municipalidad de Cafayate tras la circulación de imágenes en redes sociales que mostraban la fiesta en pleno corazón de un área protegida.

Según informaron fuentes oficiales, la polémica se intensificó cuando el Ministerio de Producción y Minería de Salta, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, advirtió que el permiso presentado para la realización del evento era falso. "No autoricé nada, ese documento es falso", declaró el secretario de Ambiente, Alejandro Aldazábal, quien además confirmó la radicación de una denuncia penal por presunta falsificación de instrumento público. La causa quedó registrada en la Fiscalía Penal de Cafayate.

La intendenta de Cafayate, Rita Guevara, señaló que existieron consultas previas por parte de los organizadores, pero que no se completaron los trámites formales exigidos por la normativa vigente. "Tengo la obligación de salvaguardar los espacios y el ambiente", afirmó Guevara, subrayando la importancia de cumplir con la Ley Provincial 6806, que regula las actividades en áreas protegidas.

El evento, que incluyó luces, sonido y una importante concurrencia, generó preocupación entre ambientalistas y vecinos por el posible impacto sobre la fauna local y la erosión de las formaciones rocosas características de la zona. Especialistas advirtieron que este tipo de celebraciones puede alterar ecosistemas frágiles y acelerar procesos de degradación ambiental.

Por su parte, una mujer identificada como propietaria del predio defendió la legalidad del festejo, argumentando que su familia reside en el lugar desde 1965 y cumple con el pago de impuestos inmobiliarios rurales. "¿No puedo festejar la boda de un familiar en el fondo de mi casa?", cuestionó en redes sociales, reavivando el debate sobre el uso privado de tierras dentro de reservas naturales.

Mientras tanto, la investigación judicial busca determinar si hubo falsificación documental, responsabilidades administrativas y eventuales daños ambientales. El caso ha puesto nuevamente en el centro del debate la necesidad de reforzar los controles sobre las áreas protegidas en Salta y el equilibrio entre el uso privado y la preservación del patrimonio natural.