La Cámara de Diputados de la Nación aprobó esta semana el proyecto de ley conocido como "súper RIGI", un régimen que otorga incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios a grandes inversiones extranjeras por un plazo de 30 años. La iniciativa, impulsada por el gobierno nacional y respaldada por bloques aliados como el PRO, la UCR y sectores provinciales, obtuvo una ajustada mayoría de 130 votos y ahora será debatida en el Senado.

El "súper RIGI" establece una reducción del impuesto a las ganancias al 15% para proyectos de inversión superiores a los 1.000 millones de dólares en sectores considerados de "frontera tecnológica", como minería, energías renovables y centros de datos. Además, las empresas beneficiadas no estarán obligadas a ingresar divisas al país, no pagarán retenciones desde el inicio y podrán importar bienes sin impuestos. El régimen también otorga estabilidad contractual y regulatoria por tres décadas, permitiendo que eventuales disputas legales se resuelvan en tribunales extranjeros.

El proyecto generó un intenso debate político y social. Mientras el oficialismo sostiene que el régimen es fundamental para atraer inversiones y modernizar la economía, sectores críticos advierten sobre el riesgo de convertir al país en una economía de enclave, con bajo impacto en el empleo local y pérdida de recursos estratégicos. "La estabilidad contractual que estipula la ley hace que cualquier intento de corrección futura active costos internacionales por juicios, penalidades, embargos, etc.", señalaron analistas consultados por medios nacionales.

Experiencias internacionales, como la instalación de megadata centers en México y Brasil, han mostrado riesgos ambientales y bajo impacto en la generación de empleo. En Argentina, el debate se da en un contexto de caída de inversiones, reducción salarial y paralización de la obra pública. Además, el gobierno impulsa la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que flexibiliza la tenencia de tierras por extranjeros, lo que suma preocupación sobre la soberanía nacional.

El debate continuará en el Senado, donde se esperan nuevas negociaciones y eventuales modificaciones al proyecto. Analistas sugieren condicionar los beneficios a metas de desarrollo local y revisiones periódicas, mientras la sociedad y el arco político siguen atentos a las implicancias de la medida.