El gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, ha lanzado un ambicioso plan de reestructuración estatal denominado "El Digesto", con el objetivo de reducir la burocracia y optimizar la funcionalidad del Estado. Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, lidera esta iniciativa que busca revisar 700,000 decretos y normativas para eliminar aquellos que sean obsoletos o redundantes.

El proyecto, que será detallado en los próximos días por el vocero presidencial Manuel Adorni, incluye la fusión o eliminación de organismos descentralizados como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Según Sturzenegger, estas medidas permitirán reducir el gasto público, simplificar regulaciones y alcanzar un superávit fiscal, lo que se traducirá en menos impuestos para la población.

"Queremos que los argentinos sepan exactamente cuáles son las reglas que rigen en el país. Dentro de ese proceso apuntamos a desregular", afirmó el ministro. Además, destacó que la reducción del gasto público ya ha permitido sacar a 10 millones de personas de la pobreza y disminuir el déficit fiscal en un 5% del Producto Bruto Interno (PBI).

Sin embargo, no todos los organismos serán eliminados. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), por ejemplo, no desaparecerá, pero verá reducidos sus trámites. En contraste, otros entes como el Ente Regulador de Aguas Sanitarias (ERAS) y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa) tienen los días contados.

El plan también ha generado controversia. Mientras el gobierno asegura que estas reformas aliviarán la carga fiscal de los ciudadanos, críticos advierten sobre el impacto social de los despidos masivos y la centralización excesiva de funciones. En Mendoza, por ejemplo, autoridades locales han expresado su apoyo a la continuidad de la CNRT, destacando la importancia de mantener controles en el transporte.

Este proyecto se enmarca en la Ley Bases, que otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo para realizar estas reformas. Sin embargo, su implementación podría enfrentar obstáculos políticos y legales, especialmente en organismos con compromisos internacionales. A pesar de las críticas, el gobierno de Milei sigue adelante con su plan, prometiendo una mayor transparencia y eficiencia en la administración pública.