La situación judicial de Valentina Olguín, cantante e influencer de 26 años oriunda de Santiago del Estero, se agravó en los últimos días luego de que la justicia federal de Tucumán la procesara por el delito de contrabando simulado en concurso real. La joven está acusada de haber utilizado los CUIT de cinco gobernadores argentinos para importar ropa del exterior, eludiendo así las restricciones impuestas por la Aduana nacional.

El caso se inició en octubre de 2024, cuando el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, denunció que su clave fiscal había sido utilizada sin autorización para realizar compras en el extranjero. La investigación, a cargo del fiscal federal Agustín Chit, determinó que Olguín empleó los datos fiscales de Jaldo y de otros cuatro mandatarios provinciales: Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Marcelo Orrego (San Juan) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). En total, se identificaron 16 operaciones de importación por un monto estimado en 1.367.313 pesos.

Según fuentes judiciales, Olguín habría recurrido a los CUIT de terceros tras superar el límite personal de cinco importaciones anuales permitido por el sistema courier argentino. La ropa, de la marca estadounidense Revolve, era enviada a un domicilio en el barrio porteño de Núñez y, según peritajes, luego revendida en una tienda online sin habilitación formal. En el caso del gobernador Orrego, se alcanzó un acuerdo judicial por un resarcimiento de 500.000 pesos, que será donado al Hospital de Niños de San Juan.

En su declaración, Olguín admitió haber actuado "de manera inmadura e irresponsable", asegurando que desconocía la gravedad de su accionar. "No he robado nada, no he estafado. Lo hice desde la ignorancia, estoy arrepentida", afirmó ante la prensa. Sin embargo, el fiscal Chit consideró que existieron elementos suficientes para imputarla por contrabando simulado, figura que contempla penas agravadas cuando se utilizan identidades ajenas para evadir controles aduaneros.

La causa quedó radicada en Tucumán luego de que otras jurisdicciones se declararan incompetentes. En mayo, el juez federal José Manuel Díaz Vélez ya había procesado a Olguín y le impuso un embargo de cinco millones de pesos. Ahora, la joven enfrenta una prohibición de salida del país y deberá presentarse a declarar el próximo 4 de noviembre ante el tribunal federal tucumano.

El caso ha generado debate sobre la seguridad de los datos fiscales y la efectividad de los controles aduaneros en Argentina, así como sobre la responsabilidad de los influencers en el uso de su imagen y plataformas comerciales. Se espera que la resolución judicial siente un precedente en materia de delitos aduaneros y uso indebido de datos personales.