El Senado argentino atraviesa un proceso de reducción de personal en el marco de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Según un relevamiento realizado por Infobae, los 72 senadores cuentan actualmente con 894 asesores y secretarios, lo que representa una disminución de 293 empleados respecto a junio de 2025. Esta tendencia se observa también en el total de empleados de la Cámara alta, que pasó de 5.175 en 2022 a 3.980 en 2026, marcando una baja del 23% en cinco años.

La distribución de empleados entre los senadores es desigual. José Mayans, presidente del bloque Justicialista, encabeza la lista con 31 empleados, seguido por Carolina Moisés y Jesús Rejal, ambos del bloque Convicción Federal, con 27 cada uno. El reglamento del Senado no prohíbe la designación de familiares, lo que ha permitido que varios legisladores nombren parientes en sus despachos. Esta práctica ha generado controversia y llevó al presidente Javier Milei a intervenir para reducir designaciones polémicas, como en el caso de Vilma Bedia, quien pasó de tener varios familiares contratados a solo uno en su equipo.

Los senadores disponen de módulos salariales para contratar personal transitorio, con un límite de $18.747.122 por mandato. Además, pueden contar con empleados de planta permanente, "heredados" de gestiones anteriores, que no consumen módulos y mantienen estabilidad laboral. Algunos legisladores justifican la cantidad de empleados por la necesidad de atender demandas provinciales y legislativas, mientras otros argumentan que la eficiencia depende de la conformación de equipos capacitados.

La transparencia en la publicación de nóminas ha retrocedido, ya que actualmente no se informa el destino de muchos empleados, dificultando el seguimiento de asignaciones. El bloque parlamentario con más empleados es la UCR, con 29, seguido por La Libertad Avanza con 25. La reducción de personal se enmarca en políticas de ajuste y eficiencia promovidas por el Gobierno, aunque persisten cuestionamientos sobre la designación de familiares y la falta de información pública.

El proceso de disminución de empleados en el Senado refleja un cambio en la estructura interna del cuerpo legislativo, en sintonía con las reformas propuestas por el Ejecutivo. Sin embargo, la polémica por la designación de familiares y la opacidad en la publicación de datos sigue generando debate sobre la transparencia y el uso de recursos públicos en el ámbito parlamentario.