La trágica muerte de Merlín Díaz, una joven peluquera de Ingeniero Budge, ha puesto en el centro del debate la vulnerabilidad de las personas ante las estafas y la respuesta judicial frente a estos delitos. Merlín, de 30 años, fue víctima de una banda de mujeres gitanas que la convencieron de que su dinero estaba "maldito" y necesitaba una limpieza espiritual. Engañada, entregó 14 millones de pesos, sus ahorros de toda la vida, a las estafadoras, quienes desaparecieron tras el supuesto ritual.

La desesperación y el sentimiento de culpa llevaron a Merlín a quitarse la vida el 21 de enero, dejando una carta en la que identificó a las responsables y pidió perdón a su pareja. "Los gitanos son los culpables, me robaron toda mi vida, me robaron toda mi plata", escribió. La investigación, a cargo de la fiscalía N°19 de Lomas de Zamora, logró identificar a las sospechosas mediante cámaras de seguridad y mensajes de la víctima, pero cuando intentaron detenerlas, ya no estaban en sus domicilios.

En las últimas horas, una de las acusadas, María Silvia Mitrovich, de 78 años, se presentó ante la justicia tras obtener una eximición de prisión, lo que le permite permanecer en libertad mientras avanza la causa. Las otras dos sospechosas siguen prófugas. Mitrovich negó las acusaciones, alegando que solo acudía a la peluquería como clienta, versión que no convenció a los investigadores.

El caso ha revelado que no fue un hecho aislado: otras mujeres también fueron víctimas de la misma banda, pero muchas no denunciaron por vergüenza o temor. "La manera de trabajar de esta gente es gracias al silencio de los que somos víctimas", relató una de ellas. El impacto emocional de la estafa y la falta de penas severas han generado reclamos de familiares y allegados de Merlín, quienes piden cambios en la legislación para evitar que se repitan tragedias similares.

Según datos oficiales, las estafas han crecido en los últimos años en Argentina, con más de 29.800 causas en 2024. Sin embargo, las penas por este delito son bajas y rara vez implican prisión efectiva. El caso de Merlín Díaz expone la necesidad de mayor protección y acompañamiento para las víctimas, así como de una revisión de las sanciones para quienes cometen estos fraudes.