La reciente decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de suspender el transporte gratuito para cartoneros ha desatado un conflicto que pone en jaque el sistema de reciclado con inclusión social, vigente desde hace más de dos décadas. Este servicio, que permitía a unos 6.000 cartoneros trasladarse desde el conurbano bonaerense a sus zonas de trabajo en la capital, era considerado un componente esencial para garantizar la operatividad del sistema.

Las cooperativas de reciclado, agrupadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), han denunciado que la medida no solo afecta los ingresos de los trabajadores, sino que también compromete la higiene urbana. "En la Ciudad de la suciedad, la administración Macri decide atacar y recortar el trabajo del reciclado", expresaron durante una movilización frente al Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. Según Nicolás Caropresi, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), "el recorte del servicio representa una pérdida adicional al trasladarles un costo que antes era asumido por el Estado".

El impacto de la medida ya se siente en las calles de Buenos Aires, donde la acumulación de residuos secos se ha hecho más visible en barrios como Flores, Floresta y Caballito. Además, la caída en los precios de los materiales reciclables, atribuida a la apertura de importaciones, ha reducido aún más los ingresos de los cartoneros, quienes perciben un salario mensual de aproximadamente $360.000, insuficiente para cubrir el costo de vida actual.

Desde el gobierno porteño, se ha anunciado la apertura de una mesa de diálogo para evaluar alternativas y optimizar el sistema de reciclado. "Seguimos en conversaciones con las cooperativas, aún no hay una determinación tomada", afirmó Ignacio Miguel Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana. Sin embargo, las organizaciones sociales y políticas han criticado la falta de consulta previa y la implementación de políticas que consideran regresivas.

El contexto económico y social agrava la situación. El Centro Verde de Barracas, una infraestructura clave para el reciclado, permanece fuera de servicio desde un incendio en 2023, y no se han iniciado procesos de licitación para su reconstrucción. Además, las políticas de ajuste y recortes han generado tensiones en un sector que ya enfrenta precariedad laboral y hostigamiento institucional.

Líderes religiosos, como los curas villeros, han mostrado su apoyo a los cartoneros, organizando actos simbólicos como el lavado de pies en el Parque Lezama. "El verdadero poder es el servicio", afirmó el padre Toto, en un gesto que busca visibilizar las dificultades que enfrentan los trabajadores del reciclado.

Mientras tanto, las cooperativas han anunciado nuevas movilizaciones y exigen la restitución del transporte gratuito como una medida urgente para garantizar la continuidad del sistema de reciclado con inclusión social. "Sin cartoneras y cartoneros, no hay reciclado", concluyeron en un comunicado conjunto.