El Gobierno argentino oficializó este jueves una profunda reestructuración en la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo encargado de la defensa legal del Estado, tras denuncias de filtraciones de información en el marco del juicio internacional por la expropiación de YPF. La medida, formalizada mediante el Decreto 475/2025 y publicada en el Boletín Oficial, implica el despido de más de 60 funcionarios, la reducción de áreas técnicas y la disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, cuyas funciones pasarán a un nuevo centro de capacitación con menos personal.

Según fuentes oficiales, la decisión responde a la necesidad de "fortalecer la eficiencia operativa del organismo, garantizar un uso responsable de los recursos y adecuar su estructura a los principios de austeridad y profesionalismo". El ajuste se produce en un contexto de alta tensión judicial, luego de que se detectaran presuntas filtraciones de información confidencial sobre la estrategia legal argentina en el litigio contra el fondo Burford Capital, que reclama una indemnización millonaria por la estatización de la petrolera YPF.

El procurador Santiago Castro Videla, designado en febrero y vinculado a estudios jurídicos relacionados con el caso, continuará en su cargo pese a las sospechas de conflicto de intereses. "No hay forma de saber para quién se filtró, pero es razonable pensar que fue para Burford", señaló una fuente consultada. La filtración habría fortalecido la posición de los litigantes en el tribunal de Nueva York, donde la jueza Loretta Preska ordenó la entrega del 51% de las acciones de YPF, una decisión actualmente apelada y suspendida de forma temporal.

En paralelo, el Gobierno recibió un respaldo diplomático clave: el [Departamento de Justicia de Estados Unidos](/entities/entity_1744833732103_261) anunció que intervendrá como amicus curiae ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York para apoyar la postura argentina y buscar la extensión de la suspensión de la entrega de acciones. "El objetivo es colaborar con el equilibrio fiscal y acompañar el proceso de transformación nacional con una gestión técnica, transparente y centrada en el servicio a los ciudadanos", concluyó el comunicado oficial.

La reestructuración de la Procuración del Tesoro se inscribe en la política de ajuste y modernización del Estado impulsada por la administración de Javier Milei, en medio de un litigio internacional que podría comprometer activos estratégicos y la soberanía jurídica y económica del país.