En un caso que ha generado gran repercusión, Valentina Olguín, una cantante e influencer oriunda de Santiago del Estero, enfrenta graves acusaciones por el uso indebido de datos fiscales de cinco gobernadores argentinos para importar ropa desde el exterior. La denuncia fue presentada por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien descubrió la maniobra al recibir notificaciones de compras realizadas en su nombre desde una tienda en Miami.

Según la investigación, Olguín habría utilizado los CUIT, nombres completos, DNI y domicilios fiscales de Jaldo y otros mandatarios, entre ellos Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis) y Sergio Ziliotto (La Pampa). La cantante, de 27 años, admitió haber superado su límite personal de importaciones y haber recurrido a datos de terceros para continuar recibiendo envíos de ropa de alta gama.

La maniobra fue descubierta en diciembre de 2024, cuando Jaldo presentó una denuncia ante la Aduana, la Administración de Riesgos de Capitales (ARCA) y la Justicia Federal. "Esto no lo hizo una persona sola. Hay asesoramiento y conocimiento del sistema. Por eso, le pido a los tucumanos que revisen si no están siendo víctimas también", declaró el gobernador, quien calificó el hecho como "grave" y desvinculado de cualquier motivación política.

Olguín, conocida por su carrera en la banda de cumbia pop "Dame 5" y su actividad como influencer, aseguró que actuó "desde el desconocimiento" y que seleccionó los datos "al azar" para evitar restricciones aduaneras. "Fue un error inmaduro. Estoy 100% a disposición para enmendar los daños", afirmó en declaraciones a los medios.

La investigación, liderada por el fiscal federal José Agustín Chit y el juez José Manuel Díaz Vélez, incluyó un allanamiento en el domicilio de Olguín en el barrio porteño de Núñez, donde se incautaron prendas, dispositivos electrónicos y documentos con CUIT de terceros. La cantante podría enfrentar cargos de contrabando simulado, un delito que contempla penas de hasta ocho años de prisión.

El caso ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de control fiscal y la facilidad con la que se puede acceder a datos personales en Argentina. Además, ha generado un debate sobre la efectividad de las restricciones aduaneras y la seguridad de la información fiscal de los ciudadanos.

Mientras tanto, la defensa de Olguín busca un acuerdo judicial que podría incluir el pago de multas o la realización de servicios comunitarios. "No había un fin económico, no se vendía la ropa. Era parte de un canje publicitario", argumentó su abogada, Claudia Paz, quien también ofreció disculpas públicas en nombre de su clienta.

El caso sigue en curso, y se espera que en los próximos días se definan los pasos a seguir tanto en el ámbito judicial como en el político, dado el alto perfil de las figuras involucradas.