El Gobierno nacional minimizó el impacto de las movilizaciones convocadas en apoyo a Cristina Kirchner, quien deberá presentarse el próximo miércoles en los tribunales de Comodoro Py tras la ratificación de su condena en la causa Vialidad. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que ninguna manifestación popular podrá influir en la decisión del Poder Judicial respecto al futuro de la ex presidenta. “Ninguna manifestación popular de apoyo, nada puede torcer una decisión del Poder Judicial”, afirmó Francos en declaraciones radiales.

En este contexto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, suspendió un viaje programado a Washington para supervisar personalmente el operativo de seguridad previsto para el 18 de junio. El Gobierno remarcó que está “ocupado, no preocupado” por la situación y que tomará todas las medidas necesarias para evitar incidentes durante la jornada.

Francos respaldó la posibilidad de que Cristina Kirchner reciba el beneficio de la prisión domiciliaria, argumentando que su edad, su condición de ex jefa de Estado y cuestiones de seguridad personal justifican esta medida. “Por muchas razones correspondería que le otorguen el beneficio de la prisión domiciliaria”, sostuvo el funcionario, quien también enfatizó la importancia de respetar la independencia del Poder Judicial.

Por su parte, Cristina Kirchner confirmó en sus redes sociales que se presentará ante la Justicia y reiteró su pedido de prisión domiciliaria, señalando que no se trata de un privilegio sino de una cuestión de seguridad personal e institucional. La ex mandataria denunció una supuesta proscripción política y criticó el accionar de la Corte Suprema.

La ratificación de la condena por parte del máximo tribunal impide a Cristina Kirchner postularse a cargos públicos, lo que generó una fuerte movilización de sus seguidores y el llamado a marchar hacia Comodoro Py. Desde el oficialismo, Francos defendió la objetividad de la Justicia y negó que existan dobles estándares en el tratamiento de causas contra ex presidentes. El Gobierno, por su parte, reiteró su compromiso con el orden y la seguridad, y subrayó que la resolución final corresponde exclusivamente al Poder Judicial.