El Gobierno nacional formalizó la convocatoria a audiencias públicas para avanzar en la concesión de más de 4.000 kilómetros de rutas nacionales, en el marco de la tercera etapa de la Red Federal de Concesiones. El proceso, que involucra tramos estratégicos en el centro y norte del país, busca atraer inversión privada para la modernización, mantenimiento y explotación de los corredores viales bajo el sistema de peaje, sin aportes estatales directos.

Las audiencias, previstas entre el 30 de junio y el 7 de julio en Mendoza, Tucumán, Chaco y Entre Ríos, permitirán la participación ciudadana y la presentación de objeciones o sugerencias sobre el proyecto. Según la Dirección Nacional de Vialidad, la iniciativa abarca rutas clave como la 7, 12 y 14, fundamentales para el transporte de cargas, la conectividad regional y el comercio exterior, especialmente en el corredor del Mercosur.

El nuevo esquema de concesión implica un cambio estructural: las empresas privadas asumirán la inversión y el mantenimiento, recuperando costos a través de peajes. Las tarifas propuestas podrían aumentar hasta un 184% respecto a los valores actuales, lo que genera preocupación entre transportistas y usuarios, ya que un camión podría llegar a pagar hasta $2,2 millones mensuales en peajes. Además, se prevé la instalación de sistemas de cobro automático y la posibilidad de nuevas estaciones de peaje.

Desde el gobierno provincial de Mendoza, la medida es vista como positiva para la infraestructura y la economía local, aunque persisten interrogantes sobre el impacto en las tarifas y el control estatal sobre el cumplimiento de los contratos. Por su parte, especialistas y organizaciones de usuarios advierten sobre la falta de detalles técnicos y económicos en los documentos oficiales, así como sobre los desafíos regulatorios y la necesidad de garantizar transparencia y estándares de calidad.

El plan de concesión se enmarca en una política más amplia de privatización de hasta 9.000 kilómetros de rutas nacionales, con el objetivo de mejorar la competitividad logística y acompañar el crecimiento del comercio exterior. Sin embargo, el debate público recién comienza y las definiciones concretas sobre obras, tarifas y condiciones laborales aún están pendientes, lo que mantiene abierto el interrogante sobre el impacto real de la medida en el transporte y la economía argentina.