La reciente decisión de la jueza estadounidense Loretta Preska de ordenar a la Argentina la transferencia del 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park ha generado un fuerte impacto político y económico en el país. El fallo, que responde a la demanda por la expropiación de la petrolera en 2012, exige que el Estado argentino entregue la mayoría accionaria de la empresa a los fondos que adquirieron los derechos de litigio a bajo costo.

El Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, reaccionó rápidamente presentando una apelación y solicitando la suspensión de la medida. En el escrito presentado ante la justicia estadounidense, la defensa argentina argumentó que la jueza Preska se excedió en su jurisdicción y que la transferencia de acciones es jurídicamente inaplicable, ya que contradice la Ley 26.741 y requiere la aprobación del Congreso por mayoría agravada. "La sentencia que ordena entregar acciones de YPF es jurídicamente inaplicable: contradice la Ley 26.741, que exige autorización del Congreso por mayoría agravada y desconoce la inmunidad soberana", afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni.

El impacto en los mercados no se hizo esperar. Las acciones de YPF llegaron a caer hasta un 8% en Wall Street, aunque luego moderaron la baja. Analistas financieros advierten que la incertidumbre legal y la posibilidad de embargos sobre activos de la compañía podrían generar mayor volatilidad en el futuro. Sin embargo, destacan que los fundamentos operativos de YPF siguen siendo sólidos, con un crecimiento sostenido en la producción de petróleo shale y exportaciones en alza.

El caso ha reavivado el debate sobre la soberanía nacional y la influencia de los fondos especulativos en litigios internacionales. El gobernador Axel Kicillof denunció posibles vínculos entre el gobierno de Milei y Burford Capital, y anunció investigaciones al respecto. Por su parte, el directorio de YPF aclaró que la empresa no es parte en el procedimiento de entrega de acciones y que las decisiones judiciales pueden ser apeladas.

Mientras tanto, el proceso de apelación continúa y no hay un cronograma claro para su resolución. Analistas sugieren que una negociación con los fondos demandantes podría ser una alternativa para evitar mayores daños económicos, aunque esto requeriría la aprobación del Congreso, donde el oficialismo enfrenta un panorama adverso. El desenlace del caso YPF podría sentar un precedente importante para la relación entre Estados soberanos y fondos de inversión internacionales.