AFA, contratos y dinero. Cómo funciona una codiciosa red de intermediarios que se esconde debajo de los negocios del fútbol
🔎 Megaoperativo en Pilar: la Justicia investiga presunto lavado de dinero vinculado a la AFA. Secuestraron 54 autos de lujo y bienes en una mansión atribuida a testaferros ligados a Tapia y Toviggino. El caso involucra sociedades y figuras del fútbol argentino.



Una investigación judicial por presunto lavado de dinero y ocultamiento de bienes sacude al fútbol argentino, con epicentro en una lujosa mansión de Pilar, provincia de Buenos Aires. El operativo, ordenado por el juez federal Daniel Rafecas tras una denuncia de la Coalición Cívica, derivó en el secuestro de 54 vehículos de alta gama y la incautación de documentación societaria. La propiedad, valuada en millones de dólares, está registrada a nombre de Real Central SRL, cuyos titulares legales, Luciano Pantano y Ana Conte, carecen de antecedentes económicos que justifiquen semejante patrimonio.
La pesquisa apunta a determinar si estos bienes pertenecen realmente a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y a Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, a través de una red de presuntos testaferros. Entre los vehículos incautados figuran modelos de Porsche, Ferrari, BMW y Audi, con un valor estimado superior a los 4 millones de dólares. Además, la mansión cuenta con instalaciones de lujo, como haras, pista ecuestre y helipuerto, lo que refuerza la hipótesis de utilización de sociedades para la administración y ocultamiento de activos.
La causa involucra también a otras empresas, como Malte SRL, Wicca SAS y SOMA SRL, y a exdirectivos de la AFA. La mansión fue propiedad del exfutbolista Carlos Tevez antes de pasar a manos de las sociedades investigadas. Las medidas judiciales incluyen la prohibición de salida del país, la inhibición de bienes y el congelamiento de cuentas bancarias para los involucrados.
El caso ha generado un intenso debate sobre la transparencia en el fútbol argentino y la relación entre el deporte, la política y el poder económico. Legisladores y denunciantes insisten en que la causa permanezca en el fuero federal y bajo la órbita del juez Rafecas, mientras la defensa de los investigados sostiene la legalidad de las operaciones. La investigación continúa, con la expectativa de que se esclarezca la verdadera titularidad de los bienes y el origen de los fondos involucrados.
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