Los docentes universitarios de 66 instituciones nacionales iniciarán un paro de 72 horas desde el miércoles 12 hasta el viernes 14 de noviembre, en reclamo de la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y mejoras salariales. La medida fue decidida por amplia mayoría en los plenarios de las principales federaciones sindicales, CONADU y CONADU Histórica, que representan a la casi totalidad de los docentes universitarios del país.

El conflicto se originó tras la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional, que, sin embargo, no asignó presupuesto para su implementación. Los gremios denuncian que los salarios no fueron recompuestos y que la pérdida salarial alcanza el 38,7% en términos reales desde diciembre de 2023, mientras que los gastos de funcionamiento se redujeron en un 33,4%. La situación llevó a la declaración de emergencia presupuestaria en varias universidades y a la decisión de recurrir a la justicia para exigir el cumplimiento de la ley.

Durante las jornadas de paro, se realizarán acciones públicas frente al edificio Pizzurno en la Ciudad de Buenos Aires y se mantendrán las mesas de exámenes, tras un extenso debate entre los gremios sobre el impacto de la medida en los estudiantes. Además, los sindicatos evalúan profundizar el plan de lucha, incluyendo la posibilidad de suspender el inicio del ciclo lectivo 2026 si no hay avances en la aplicación de la ley y la apertura de paritarias.

El Gobierno, por su parte, ratificó que no habrá aumentos salariales en la medida solicitada por los sindicatos y defendió que las universidades recibieron el financiamiento necesario para sus actividades. Sin embargo, diputados y rectores refutaron los datos oficiales y alertaron sobre el vaciamiento de la universidad pública y el deterioro de la calidad educativa.

El presupuesto oficialista para 2026 propone eliminar los mínimos de inversión en educación y ciencia, lo que genera preocupación entre los actores del sector. El conflicto universitario se enmarca en un contexto de tensiones sociales y políticas, con protestas de otros sectores y la expectativa de nuevas movilizaciones en las próximas semanas. El desenlace dependerá de la respuesta del Gobierno y de la capacidad de los gremios para sostener el reclamo en defensa de la universidad pública.