El Gobierno nacional reglamentó el Seguro de Cese Laboral, una alternativa voluntaria a la tradicional indemnización por despido, en el marco de las reformas introducidas por la Ley Bases y el Decreto 847/2024. La medida, publicada en el Boletín Oficial, permite que empleadores y empleados acuerden, a través de los Convenios Colectivos de Trabajo, reemplazar el régimen de indemnización por antigüedad por un sistema de seguro administrado por compañías habilitadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

El nuevo esquema funciona mediante aportes periódicos del empleador a una cuenta especial a nombre de cada trabajador, destinada exclusivamente al pago de indemnizaciones en caso de despido. Los empleados también podrán realizar aportes voluntarios a una cuenta individual de libre disponibilidad. Los fondos acumulados en estas cuentas son inembargables y solo pueden ser retirados en caso de desvinculación laboral, según lo estipulado en la póliza y el convenio colectivo correspondiente.

Desde el Gobierno y el sector asegurador, se destaca que la medida busca dar previsibilidad financiera a las empresas, fomentar la formalización del empleo y canalizar el ahorro interno hacia el desarrollo económico. "El desarrollo de este tipo de coberturas constituye una herramienta estratégica para promover la formalización del empleo y fortalecer al mercado asegurador como canalizador del ahorro interno", señalaron desde la SSN.

Sin embargo, la iniciativa ha generado críticas de sectores sindicales y de la oposición. El diputado Christian Castillo (PTS – Frente de Izquierda) advirtió que la medida podría debilitar la protección de los trabajadores ante despidos y que la tradicional indemnización cumple una función disuasoria que se perdería con el nuevo sistema. Además, algunos analistas cuestionan la transparencia y el control sobre los fondos administrados por las aseguradoras.

Por el momento, la adhesión al Seguro de Cese Laboral es voluntaria y debe ser acordada en cada actividad. No se han registrado grandes sindicatos que hayan avanzado en su implementación, aunque la reglamentación deja el terreno preparado para que los convenios colectivos puedan incluir esta opción a partir de octubre. El debate sobre la protección laboral y la modernización del sistema de indemnizaciones continúa abierto, con movilizaciones sindicales previstas en rechazo a la reforma.